El presupuesto de 2026 arranca con retraso, pendiente de los plazos y la falta de apoyos

El Ministerio de Hacienda ha dado esta semana el primer paso para la elaboración de los presupuestos de 2026, unas cuentas que se enfrentan a unos plazos ajustados debido al retraso en los trámites previos y que, por el momento, no tienen garantizados los apoyos parlamentarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado esta semana su intención de presentar un proyecto de presupuestos para el próximo año para sustituir a los de 2023, que son los actualmente vigentes tras dos prórrogas.

Las cuentas se van a presentar "con o sin" apoyos parlamentarios asegurados, ha especificado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha añadido que se va "a dejar la piel" para conseguir que salgan adelante.

Por el momento, nada garantiza que el presupuesto o sus trámites previos vayan a contar con apoyos suficientes, pero el curso político ha arrancado con guiños del Gobierno a algunos de sus socios, como la aprobación de la quita de deuda autonómica pactada con ERC.

A esto se une la reunión del president de la Generalitat, Salvador Illa, con el expresident Carles Puigdemont, que aunque no abordó el posible apoyo de Junts a los futuros presupuestos, pretende "seguir ganando confianza mutua" entre partidos, según reconoció Montero.

En cualquier caso, Sánchez ha descartado adelantar elecciones si no consigue sacar adelante el presupuesto y ha afirmado que, si esto ocurriera, continuaría con los actualmente prorrogados porque las cuentas no son un fin en sí mismas, sino un instrumento para crecer y crear empleo.

El escollo de la senda de estabilidad

Los trámites previos al presupuesto han comenzado esta semana con la publicación de la orden de elaboración de las cuentas, donde se detallan las instrucciones que tienen que seguir los diferentes departamentos y que llega con meses de retraso respecto al calendario habitual.

También acumula retrasos la senda de estabilidad, que se debería haber presentado antes del final de junio y que todavía está pendiente, lo que complica todos los plazos presupuestarios ya que tiene su propia tramitación que tradicionalmente se alarga durante varias semanas.

En primer lugar, el Gobierno tiene que presentar su propuesta de objetivos de déficit y deuda a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.

Después, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso junto al techo de gasto, que no se vota. Si resultan aprobados pasan al Senado y, si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, vuelven al Congreso.

Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5 % para 2026), previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías.

En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Gobierno tendrá que presentar una nueva y, si esta también se rechaza, se mantendrían en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.

Con los objetivos en vigor, ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad, el Gobierno tendrá que elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes, algo que, según la Constitución, debe hacer antes de octubre, aunque este plazo se ha incumplido en numerosas ocasiones.

A partir de ese momento arranca la tramitación parlamentaria, que tiene su primer gran hito en la votación de las enmiendas de totalidad, ya que si alguna de ellas prospera el texto se devuelve al Gobierno.

La tramitación presupuestaria suele alargarse unos tres meses y tiene como objetivo que la ley quede definitivamente aprobada antes de final de año para que entre en vigor el 1 de enero y evitar así una nueva prórroga.