Talgo ve en riesgo su futuro si Renfe no reconsidera la multa

El cambio de rumbo concebido para Talgo tras el anuncio de la adquisición de casi el 30% del accionariado por parte del consorcio vasco que lidera Sidenor está siendo mucho más complicado de ejecutar de lo que en un principio se preveía. De fondo, la multa de 116 millones de euros que el constructor ferroviario tiene pendiente de abonar a Renfe. Lo que en un principio se entendía como un obstáculo de carácter salvable va tomando forma de un problema de gravedad. El último episodio lo constituye la carta que ha enviado el presidente de Talgo, Carlos Palacio, a su homólogo en Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la que le solicita “abordar” el asunto de la sanción de esta compañía al fabricante, porque “el escenario actual no satisface a los bancos y afecta directamente a los esquemas de financiación que estamos analizando”.

Asimismo, y en un tono más alarmante, le solicita una “rápida” solución al bloqueo en el que se encuentra la negociación sobre la multa, puesto que, de no hallarse una vía de acuerdo, se “puede ahogar el futuro de muchas familias en Talgo y en sus proveedores, además de acabar con la historia de una empresa industrial y tecnológica española de vanguardia”, indica la misiva, a la que ha tenido acceso la agencia Efe.

El origen de esta multa se encuentra en el pedido por el cual, en el año 2016, Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones la construcción de 30 trenes de alta velocidad, 15 de ellos de ancho variable. El pedido estimaba que las unidades debían haber sido entregadas a partir de enero de 2021 para entrar en servicio en verano de ese año en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias. Renfe advirtió a Talgo del retraso y le conminó a hacer la entrega antes del mes de abril de este año para no recibir una sanción. Talgo no tuvo los trenes listos antes de esa fecha límite, lo que activó el procedimiento para que Renfe multase a la empresa ferroviaria con 116 millones de euros, a los que, adicionalmente, se deben sumar otros 50 millones en los que el operador calcula el lucro cesante por no disponer de los trenes en el plazo previsto.

En su carta, el presidente de Talgo subraya su “enorme preocupación” por la situación, y transmite a su equivalente en Renfe que “no procede” la aplicación de las penalizaciones. Palacio afirma que “es necesario resolver las reclamaciones que os hemos presentado durante los últimos años (...) Solo si llegamos a un acuerdo de forma rápida, podemos retirar y renunciar a las acciones legales correspondientes”. Este último punto de la carta hace alusión al procedimiento monitorio que, según ‘El Economista’, ha iniciado Talgo contra Renfe por retenerle el pago de parte del contrato como compensación por el retraso en la entrega de los trenes y en el abono de la multa. Estas reclamaciones de Talgo se refieren a la actualización que le exigen de los precios de productos servidos por el fabricante por el fuerte aumento de la inflación de materiales desde la pandemia y a la aplicación de un “autodescuento” por parte de Renfe, que alegó que los trenes que pidió eran iguales, “cuando la realidad demostrable es que no fue así“.

Palacio recuerda en el texto que “se habla mucho de que Talgo es una empresa española y estratégica”, por lo que pide que Renfe y el Ministerio de Transportes le den el mismo trato que, a su juicio, se dispensa a otras empresas, como la vasca CAF, y europeas, como Stadler y Alstom. La carta finaliza solicitando una “rápida solución a los desequilibrios en el trato que se le da a Talgo“ para que pueda ser “la puerta de salida al bloqueo que ahora sufrimos y que puede ahogar el futuro de muchas familias en Talgo y en sus proveedores, además de acabar con la historia de una empresa industrial y tecnológica española de vanguardia”.

La búsqueda de un pacto que permita satisfacer esta multa es el paso central que falta para que Sidenor y el consorcio vasco -en el que, además de la empresa que preside José Antonio Jainaga, están también el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital-, entren en la compañía, después de que el pasado 14 de febrero se lograra un principio de acuerdo para comprar el 29,7% de las acciones de Talgo por un valor de 184 millones de euros. Desde entonces, y como ha admitido el Gobierno vasco en varias ocasiones, el pago de la multa ha sido el problema que ha impedido el cierre de la operación, que en un principio iba a quedar resuelta a lo largo de marzo. Además, está pendiente desarrollar un plan industrial que permita a Talgo sacar adelante los pedidos.