Las elecciones dejan paralizadas y en duda medidas económicas y laborales

CLIENTE FINANCIERO

La campaña iniciada por el médico jubilado Carlos San Juan el pasado año ‘-Soy mayor, no idiota’- apoya un refuerzo del modelo de atención presencial de la banca, en especial a las personas mayores. Un colectivo que asiste con dificultades a la fuerte irrupción de las tecnologías digitales, ante las que no todos los usuarios están familiarizados. El movimiento encontró el respaldo del Ejecutivo, que se comprometió, por iniciativa de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Se trata de una figura que permitiría a los usuarios de banca reclamar ante un único supervisor problemas relacionados con la atención en entidades, la inversión en productos de ahorro y otros de índole similar. Actualmente, este tipo de reclamaciones se presentan ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero siempre a través de cauces muy burocráticos. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero pretende simplificar y unificar todos estos procesos y, tras su paso por el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley iba a llegar la semana pasada al Senado con el fin de que arrancase su funcionamiento en lo que quedaba de legislatura, pero la disolución de las Cortes no lo va a hacer posible. 

JUBILACIÓN PARCIAL

Dentro de la reforma de las pensiones aprobada a finales del mes de marzo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tenía previsto abordar antes del verano la regulación de un nuevo modelo de contrato de relevo, de manera que sirva para reforzar la jubilación parcial, ya que suaviza la entrada al retiro del trabajador presto para jubilarse y permite que este forme a un perfil con menos experiencia para que adquiera experiencia. El diálogo social, enquistado en los últimos meses tras la negativa de la patronal a respaldar la reforma de las pensiones, se antoja ahora incluso más complicado. Pese a todo, Escriva ha asegurado esta semana que los cambios, en los que ha invertido todo su capital político dentro del Gobierno, “sobrevivirán” al resultado, sea el que sea, que salga de las urnas el 23-J.

ESTATUTO DEL BECARIO

Otra de las negociaciones abiertas que ahora deberán quedar interrumpidas es la que atañe al Estatuto del Becario, con el que se pretendía regular y dar una mejor respuesta a los problemas que surgen en las prácticas extracurriculares en empresas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos UGT y CC OO, pero CEOE y Cepyme aún estaban estudiando si sumarse al mismo, una decisión que puede quedar postergada por la inminencia de las elecciones. 

Otras propuestas en materia laboral que también quedan en interrogante son las que tienen que ver con la Ley de Usos del Tiempo, con la que se quería revisar la jornada de 40 horas semanales para adoptar un modelo alternativo que favoreciese la conciliación familiar y la igualdad en las tareas domésticas, así como perseguir el empleo fraudulento de las horas extra. Asimismo, también se suspende el diálogo social para acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores , así como la reforma de la protección por desempleo, que tanto sindicato como el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz querían cambiar para que incluyera a más parados que, por distintas circunstancias, no tengan acceso a ella.

TARIFA REGULADA DE LA LUZ

La energía, un asunto sensible en el último año, tiene también asuntos que quedan pendientes, como la aprobación de la nueva tarifa regulada de la luz o PVPC, a la que el Gobierno se comprometió con Bruselas para que tanto a España como a Portugal se les autorizase una excepción destinada a poner un precio tope al gas destinado a la generación de electricidad en el marcado mayorista. Además, aún está pendiente de lanzarse la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico, después de que en la primera tan solo se adjudicasen 800 millones de una dotación inicial prevista de 2.975.

LEY DE VIVIENDA

Una de las últimas leyes que logró sacar adelante el Gobierno de coalición, no sin dificultades, fue la relativa a la vivienda. Sin embargo, buena parte del desarrollo del texto, como la aplicación de las medidas para intervenir el mercado del alquiler en zonas tensionadas, debe nacer de la iniciativa de las comunidades. El triunfo del PP en muchas capitales de provincia y comunidades en las últimas elecciones aboca a la ley a numerosas incógnitas, pues los populares habían mostrado en varias ocasiones su oposición a la ley por entender que no atendía las demandas de los propietarios.