El grupo parlamentario del PNV ha puesto sobre la mesa una cuestión que a nivel estatal puede pasar desapercibida, pero que es de capital importancia en Euskadi como es la especificidad del movimiento cooperativo a la hora de establecer las condiciones de cotización a la Seguridad Social. Este modelo empresarial representa a 135.000 personas trabajadoras en la CAV que no ven representados sus peculiaridades en las reformas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y que resultan perjudiciales para sus intereses, lo que el grupo jeltzale en el Parlamento español quiere evitar.
El problema se sitúa a inicios del presente año, cuando entró en vigor la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos RETA por el que este colectivo cotizará por sus ingresos reales, lo que ha sido acogido con satisfacción por las diferentes asociaciones que les representan. Pese a sus bondades, tiene como principal agujero, por lo menos a nivel de la CAV, la inexistencia de la figura del cooperativista, que se ve así perjudicado.
“El régimen cooperativo no existe”, sentencia el parlamentario del PNV Iñigo Barandiaran, quien lamenta que los cooperativistas en la actualidad son considerados autónomos sin tener en cuenta que, además de trabajadores, son socios de las cooperativas. Por este motivo, junto con su sueldo mensual reciben los denominados retornos, que podrían equipararse a los dividendos de los accionistas de las empresas de capital.
La Seguridad Social no lo tiene en cuenta, y les aplica la máxima de que coticen por sus ingresos reales, lo que además de los rendimientos de trabajo incluye estos retornos o rendimientos de capital mobiliario. El asesor de Konfekoop Eli Martínez explica que “la base de cotización está calculada con los rendimientos que vayan a aparecer en la declaración de la renta” incorporados los retornos y los intereses de capital. La consecuencia es que se infla la base de cálculo.
Las cotizaciones se establecen en función de una serie de tramos y el cooperativista puede cambiar de categoría hacia una que contempla ganancias superiores, lo que repercute en una mayor cotización que la de un autónomo “puro” que cobra el mismo salario que el cooperativista. Además, Barandiaran matiza que no todos los cooperativistas cobran los mismos retornos, sino que depende de la representación que tengan en el capital social de la empresa en la que trabajan. A mismos beneficios de una cooperativa, los retornos de sus socios son diferentes.
El PNV ha reparado en esta ausencia y defiende que los cooperativistas puedan cotizar por sus rendimientos de trabajo exclusivamente, sin tener en cuenta los retornos. En varias intervenciones, el portavoz del grupo parlamentario del PNV en Madrid, Aitor Esteban, ha incidido en la determinación del grupo por solucionar esta cuestión y que la Seguridad Social reconozca la singularidad del movimiento cooperativo.
En la actualidad los parlamentarios vascos se encuentran analizando la documentación facilitada por el Gobierno español, y no descartan preparar una enmienda en este sentido, junto con otras cuestiones como al entidad de previsión social Lagun Aro del movimiento cooperativo.
Lagun Aro
La situación de esta EPSV afecta a los cooperativistas, muchos del Grupo Mondragon pero también a otros que no pertenecen a la alianza cooperativa. El Pacto de Toledo establece que si los trabajadores por cuenta ajena cotizan por lo que ganan, los de cuenta propia también deben hacerlo y el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social se ha propuesto aplicar esta medida progresivamente, para que esté completamente en vigor en 2032.
Previamente, en 2025, se realizará una revisión para analizar su funcionamiento y corregir, en su caso, los fallos detectados. El objetivo es que el autónomo, que en la actualidad decide qué cantidad quiere aportar a la Seguridad Social, en función de la que cuando llegue su jubilación recibirá una pensión mayor o menor, a partir de ahora cotice como una persona empleada por una empresa de capital.
En este esquema no entra la especificidad de Lagun Aro. Esta entidad de previsión social de empleo se creó en 1959, en la época franquista, porque la Seguridad Social no daba cobertura a los cooperativistas. El movimiento, que tiene en la solidaridad uno de sus principios más representativos, decidió crear su propio sistema para asegurar que los socios recibirían una prestación en el momento de jubilarse.
En 1967 se creó la Seguridad Social a la que todo trabajador debía cotizar, incluidos los cooperativistas de Lagun Aro. Un acuerdo con el Gobierno español en el año 2002 estableció un sistema diferente para este colectivo para preservar sus derechos. Así, se decidió que aportaran un 60% de su cotización a la Seguridad Social, mientras que el 40% restante se dirigía a Lagun Aro. El cooperativista decidía en cualquier caso cuánto aportar, al igual que sucedía con los trabajadores autónomos, y de esa cantidad final más de la mitad se dirigía a la Seguridad Social y el resto a una EPSV que, además de asegurar una pensión al socio, contempla otra serie de prestaciones.
El nuevo sistema de cotización de autónomos acordado en junio del pasado año cambia el escenario, al obligar también al cooperativista a entregar a la Seguridad Social el porcentaje de rendimientos de trabajo que corresponde a cualquier autónomo, lo que dejaría sin ingresos a Lagun Aro.
Representantes de Lagun Aro y de la Seguridad Social mantienen desde entonces reuniones periódicas para llegar a un acuerdo que contemple las cuotas a pagar, qué tratamiento dar al rendimiento por capital correspondiente a los retornos y qué contribuciones se destinarían a Lagun Aro, sin que de momento se haya llegado a un acuerdo, aunque desde la entidad de previsión social cooperativa se confía en que este se produzca.
A este respecto, Iñigo Barandiaran apunta a que hay que esperar a este acuerdo, y el grupo parlamentario del PNV se muestra dispuesto a recoger sus términos a modo de enmienda para presentarla al proyecto de ley de la reforma de las pensiones actualmente en proceso.
Tramitación
Capacidad de negociación
Proyecto de ley. El Gobierno español se compromete a tramitar el decreto de las pensiones como proyecto de ley, lo que en principio abre la puerta a que se introduzcan enmiendas. De saque, Escrivá ha alcanzado un acuerdo con el PDeCAT que ha supuesto que el decreto fije tramos para las cotizaciones de los salarios altos. EH Bildu ha confirmado también su respaldo a la reforma. Escrivá tiene el camino más o menos expedito, con una actitud igualmente poco beligerante de ERC. La necesidad de hincar el diente a este debate para garantizar las pensiones y el escaso margen que deja Bruselas parecen abocar a la aprobación. El próximo jueves se votará alguno de los aspectos que contempla la Ley de la Reforma de las Pensiones, que debería estar aprobada a finales del primer semestre del presente ejercicio, aunque desde el PNV se plantea que esta fecha será anterior a la celebración de los comicios del 28 de mayo.
