Las actuaciones de la Inspección de Trabajo de Euskadi se tradujeron en 2022 en la transformación de 8.760 contratos en indefinidos y a tiempo completo, el 30% de los 25.948 contratos revisados, frente a los 6.444 transformados en 2021 tras analizar 8.467 contrataciones. En el conjunto de actuaciones inspectoras, se detectaron 1.487 infracciones, que supusieron sanciones por valor de 7,5 millones.

Estos datos han sido dados a conocer este lunes en una comparecencia a cargo de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y de la subdirectora de Inspección de Trabajo, Iciar González, quienes han presentado en Bilbao el balance de la Inspección del pasado año.

Ambas han adelantado asimismo las campañas previstas para este año, así como las actuaciones contempladas por el Departamento, que incluyen el aumento tanto del número de inspecciones a realizar como la plantilla de inspectores y de subinspectores como actuar en los centros especiales de empleo.

Al cierre de 2022 había 51 plazas de inspector, con 41 activas y 10 vacantes y otras 20 de subinspector, de las que estaban ocupadas 13 y siete, vacantes.

Tal y como ha explicado Pérez Barredo, está previsto incrementarlas a lo largo de 2023 con dos plazas más de subinspector laboral y siete de inspector de Trabajo y Seguridad Social.

En cuanto a los contratos revisados, de los 25.948 supervisados, 14.559 lo fueron como consecuencia de su actuación ordinaria en la lucha contra el fraude en la contratación, mientras que otros 11.389 se revisaron en el marco del plan de choque.

De esta forma, de los 8.760 contratos transformados en indefinidos y a tiempo completo, como fruto de la actividad ordinaria fueron transformados 3.027, mientras que 5.733 correspondieron al plan de choque, ámbito que arroja mayor porcentaje de transformación.   

TEMPORALIDAD

En este apartado dedicado a luchar contra el fraude en la contratación temporal, el plan de choque del Gobierno Vasco se ha saldado con un porcentaje de transformación en indefinidos a tiempo completo del 50,30%, tras remitirse 4.844 cartas a empresas de los tres territorios con 11.389 trabajadores o contratos afectados.

Por sexos, el porcentaje de conversión a indefinidos es superior entre los hombres, un 52,03%, por un 47,68% en el caso de los contratos de trabajadoras revisados.

En el momento actual, tal y como ha explicado la viceconsejera, se desarrolla la segunda fase de este plan de choque contra el fraude en la temporalidad, con 1.326 actuaciones inspectoras abiertas a empresas, 715 en Bizkaia, 432 en Gipuzkoa y 179 en Álava.

En este sentido, Pérez Barredo ha indicado que la reforma laboral aprobada el pasado año ha sido "sin duda", un factor "corrector en sí mismo", porque considera por defecto que los contratos deben ser indefinidos y "tasa muy bien cuáles pueden ser eventuales" ha precisado ya que, "además de aclarar la situación de las personas trabajadoras, facilita la labor de la Inspección de Trabajo en el control de la contratación".

Tal y como ha recalcado, la función de la Inspección de Trabajo "no es punitiva, sino que busca garantizar los derechos de los trabajadores y, en la medida en que actúa, las empresas corrigen, a iniciativa propia, determinadas situaciones".

Aunque las campañas contra el fraude en la contratación temporal se llevan realizando desde 2018, el pasado año se puso en marcha por primera vez una actuación inspectora en materia de contratación parcial.

Según los datos obtenidos por la Herramienta de Lucha contra el Fraude acerca de empresas que presentaban un porcentaje de trabajadores a tiempo parcial superior a la media del sector, en el último cuatrimestre se enviaron 4.946 cartas a otras tantas empresas que afectaban a 11.436 trabajadores.

Por otro lado, Pérez Barredo ha precisado que en cuanto a la modalidad de fijos discontinuos las cifras que arroja Euskadi son inferiores a las del conjunto del Estado, donde esta modalidad tiene mucha mayor incidencia, sobre todo en turismo y agricultura.   

ACCIDENTES LABORALES

En cuanto al balance de los planes realizados en 2022, ambas responsables han recordado que el año pasado se desarrolló un plan de choque para la reducción de la siniestralidad mortal en colaboración con el Organismo Estatal Autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEAITSS) y en coordinación con Osalan en sectores como construcción, recogida de residuos, instalaciones eléctricas, transporte por carretera y mudanzas, entre otros.

Este plan arroja como resultado 3.794 actuaciones inspectoras, 538 mediante visita física a la empresa, que se tradujeron en 124 expedientes sancionadores por un importe total de 612.139 euros, y otros 470 requerimientos de subsanación de las irregularidades detectadas.

Dentro de las investigaciones realizadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 2022 dejó, dentro de los siniestros mortales o muy graves, un total de 18 expedientes sancionadores y 14 requerimientos de subsanación.

Los accidentes graves supusieron la apertura de 87 expedientes sancionadores y 89 requerimientos y, los leves, un total de 141 expedientes y 129 requerimientos.

Otra de las novedades del pasado ejercicio fue la puesta en marcha de un plan estival eminentemente preventivo con motivo de la exposición a altas temperaturas en sectores como invernaderos, lavanderías, tintorerías, construcción, hostelería y diversas actividades al aire libre. Está previsto realizarla de nuevo este año, aunque ampliada a condiciones ambientales adversas, ha anunciado la viceconsejera.   

PLANES IGUALDAD PARA 2023

Las relaciones laborales y todo lo referido a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres forma parte también de la actividad de la Inspección.

En este sentido, Iciar Gonzalez ha destacado que en 2023 se va a continuar con la verificación de la implantación de planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores vigente desde marzo de 2022, así como intensificar la campaña de protocolo de acoso en las empresas dados los buenos resultados obtenidos este año. La desigualdad retributiva y la inspección en materia de discriminación por razón de sexo también son objeto de sus actuaciones.

Según han remarcado ambas responsables, dentro de las campañas realizadas en materia de Relaciones Laborales, han sido las actuaciones inspectoras para comprobar la obligación de registro de jornada las que, proporcionalmente, arrojan las peores cifras, con 566 actuaciones que dejaron 109 infracciones y 187 requerimientos.

Estas cifras, han resaltado, están muy por encima del resto de ámbitos incluidos, como el control de ayudas al fomento de empleo (7 infracciones de 370 actuaciones) o la verificación de incumplimientos en material salarial (43 infracciones en 370 actuaciones).

Igualmente, este año se va a potenciar la campaña de limpieza en habitaciones de hostelería, que en 2022 no se llevó a cabo, y que pretende tanto incidir en los riesgos laborales, principalmente los trastornos musculo-esqueléticos, como controlar la contratación y subcontratación, las jornadas y los salarios.

En cuanto al número de plazas que está previsto crear este año, el Departamento ampliará las plantillas actuales en tres inspectores más y otros dos subinspectores respecto al cierre de 2022.