- La Comisión Europea anunció ayer que recurrirá la sentencia de la Justicia europea que anulaba la obligación para Irlanda de recuperar 13.000 millones de euros (unos 14.870 millones de dólares) en impuestos no abonados por la multinacional estadounidense Apple entre 2003 y 2014.

A su juicio, la decisión del Tribunal General de la Unión Europea del 15 de julio contiene errores de derecho, por lo que elevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

"La sentencia plantea cuestiones legales de relevancia para la Comisión en su aplicación de las normas de ayudas de Estado a los casos de planificación fiscal. La Comisión también considera que en su sentencia el Tribunal General ha cometido errores de derecho", dijo la vicepresidenta de la Comisión Margrethe Vestager.

La política danesa, encargada del área de Competencia, subrayó que la corte europea ha confirmado anteriormente que los Estados miembros tienen la competencia de elaborar su legislación fiscal, pero deben cumplir la legislación europea, incluyendo las normas sobre ayudas estatales. "Si los Estados miembros dan a ciertas multinacionales ventajas fiscales que no ofrecen a sus rivales, esto daña la justa competencia en la UE", señaló Vestager, que instó a "seguir usando todas las herramientas para asegurar que las empresas pagan impuestos justos", especialmente en un momento en el que son necesarias inversiones para recuperar la economía europea.

En 2016 la Comisión concluyó que dos pactos fiscales concedidos a Apple por Irlanda en 1991 y 2007 le permitieron "reducir sustancialmente y de forma artificial los impuestos" que pagaba, llegando a abonar una tasa efectiva del 0,005% en 2014 siendo el impuesto de sociedades del 12,5%. Según Bruselas, los impuestos no abonados por la tecnológica ascendían a 13.000 millones de euros y 1.200 más en intereses, una cantidad que la Hacienda irlandesa ya recuperó en 2018, pese a los recursos que tanto Dublín como Apple habían presentado ante la corte comunitaria.

Esa cifra solo representaba el importe que la firma de Cupertino dejó de pagar entre 2003 y 2014 porque la Comisión solo puede aplicar una retroactividad de diez años respecto a la fecha en la que solicitó por primera vez información sobre el caso, en 2013.