Garamendi duda de la previsión del Gobierno sobre crecimiento en 2021 y déficit en 2020

El líder de la CEOE subraya que, del análisis del Plan de Estabilidad, puede concluirse que el déficit público será "algo mayor" al previsto por el Gobierno para este año (10,3% del PIB), ya que ve "difícil" que, estimándose una contracción de la economía española del 9,2%, los ingresos públicos sólo se vayan a reducir un 5%.

Garamendi advierte de que si el déficit público se desvía, la deuda pública en relación al PIB probablemente superaría el 115% estimado por el Gobierno. Las previsiones difundidas por CEOE hace unas semanas apuntaban a un déficit del 11% y a una deuda pública de entre el 115% y el 120% del PIB para este año.

"A nosotros, lo que más nos preocupa no es tanto el déficit o a la deuda en un año como este, que también, sino el déficit estructural, ya que es el que más incide a largo plazo para valorar la sostenibilidad de las finanzas públicas", afirma el dirigente empresarial, para quien es necesario acometer "de una vez por todas" un plan integral de mejora de la eficiencia del gasto público.

Garamendi ve "bastante complicado" que, estando la economía como está, se vayan a poder "aguantar" todas las plantillas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y advierte de un "cierre masivo" de empresas y de más paro si el Gobierno se niega a alargar estos procedimientos y a eliminar la obligación de las empresas de conservar los puestos de trabajo durante seis meses.

El líder empresarial insiste en que hay que flexibilizar los ERTE y explica que, para la CEOE, eso implica prolongarlos más allá del estado de alarma, mantener la exoneración de cotizaciones a las empresas que los hayan puesto en marcha, y suprimir la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a estos procedimientos. Sobre este último punto, dice que aunque no sabe si el Gobierno está dispuesto a abrir la mano, mantener esta cláusula provocará que más empresas echen el cierre. "Este tema nos lo impusieron. Partiendo de la base de que nadie quiere despedir, pensar que, estando la economía al ritmo que está, se van a aguantar todas las plantillas, es bastante complicado. Quien no quiera verlo, allá él", avisa.

El dirigente empresarial subraya que los ERTE "son la clave de la recuperación en caso de que se quiera que ésta se produzca", y hace hincapié en que las empresas que se han acogido a estos procedimientos temporales no lo han hecho porque les fuera mal el negocio o porque fuera mal la economía, sino porque el Gobierno ha ordenado su cierre por la pandemia del coronavirus. "Son ERTE por orden administrativa", enfatiza.

Garamendi subraya que, cuando finalice el estado de alarma, habrá sectores económicos, como el turismo, el transporte de viajeros, la automoción y la hostelería, que van a tener que seguir con ERTE. De lo contrario, advierte, habrá una "crisis masiva, un cierre masivo de empresas y un montón de gente que se irá a la calle". "O la gente confía y cree de verdad en que la iniciativa privada es la que realmente da solidez a un Estado moderno o realmente tenemos un problema", opina el dirigente empresarial, que añade que "no se trata de que estos ERTE duren toda la vida", sino de que el personal pueda ir incorporándose de manera progresiva.

Sobre el plan de transición hacia la normalidad del Gobierno, el dirigente empresarial asegura que las empresas siempre atenderán las recomendaciones preventivas de Sanidad, pero ha advertido de que si el Ejecutivo toma las decisiones para la desescalada, debe tener claro que "el Estado tiene que hacer frente al daño que provocan" dichas decisiones. "Los aviones no tienen la culpa de que las fronteras estén cerradas. Los bares no tienen la culpa de que les hayan dado una orden de que tienen que cerrar a cal y canto o de que ahora sólo pueden abrir un 50% las terrazas. El Estado tiene que ser consciente de esto y la única forma de que el empleo pueda recuperarse es que se cuide a las empresas", subraya.

Además, considera que la gestión de la desescalada se debe realizar teniendo en cuenta especialmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son los que conocen la realidad de sus territorios. "(Ellos) saben qué locales están alejados de las ciudades o los que tienen más metros cuadrados y por tanto pueden abrir antes. Ese conocimiento permite adaptar mejor la desescalada", argumenta.

Para Garamendi, cuidar a las empresas implica apoyarlas para que puedan sobrevivir a la crisis y eso supone, además de flexibilizar ERTE, proporcionarles liquidez. En este sentido, pide al Gobierno que ponga en marcha ya todos los créditos avalados por el ICO que anunció en su día. De momento, se han liberado 40.000 millones de euros de los 100.000 millones comprometidos, y el Gobierno ha anunciado que en el Consejo de Ministros del próximo martes habilitará otro tramo de 20.000 millones. Aun así, quedarían otros 40.000 millones por liberar.

Incompatibilidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que su departamento trabaja en la regulación de la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la desescalada y estudia que, en ese marco, las empresas que pagan dividendos no puedan presentarlos. En una entrevista al diario La Vanguardia, Díaz avanza también que esta semana su ministerio emitirá la orden que regulará cómo pueden acogerse a una prestación las trabajadoras del hogar, una medida que afecta a 13.000 mujeres. La ministra explica que el ministerio estudia "medidas, nuevas garantías, para que, a causa de los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no se puedan acoger empresas que tengan sede en algunos paraísos fiscales o bien empresas que estén repartiendo dividendos". Díaz argumenta que esa objeción a la presentación de ERTE "es una reflexión que el Gobierno ha planteado "en el diálogo social" con patronal y sindicatos.

"Pensar que, estando la economía como está, se van a aguantar todas las plantillas, es complicado

Líder de la CEOE