Vitoria - Casi treinta años después, el cooperativismo vasco podrá contar con un nuevo marco regulatorio acorde a la gran revolución digital que se viene y en sintonía con la presencia de tecnologías de marcado carácter disruptivo que, según atestigua el tejido empresarial sin fisuras, "han venido definitivamente para quedarse". El nuevo escenario, que introduce múltiples ajustes y mejoras jurídicas, y ofrece una mayor claridad, precisión y un desarrollo del marco normativo, adapta al cooperativismo del siglo XXI y viene dibujado por la actualizada Ley de Cooperativas de Euskadi, aprobada ayer en el Parlamento con el apoyo de PNV, PSE, EH Bildu y el PP. Sólo Elkarrekin Podemos se abstuvo en algunos artículos mientras que en otros los rechazó de forma expresa al considerar que la nueva ley "va a ser peor que la anterior".

En síntesis, la aprobación de la nueva ley actualiza y refunda en un texto único la normativa de aplicación de a las cooperativas que hasta ahora estaba regulada en cinco normas distintas y que databa del año 1993. Se trata de un lavado de cara que altera, entre otros aspectos, funcionamientos de orden interno en el mundo cooperativo como el aumento del número de empleados por cuenta ajena (no cooperativistas), que pasa del 25% al 30%, o la protección explícita del patrimonio personal de los socios frente a futuras pérdidas que registren las entidades. En este sentido, y en aras de aprender de la pasada gran crisis empresarial de la última década, se delimita la responsabilidad de las personas socias ante los acreedores de la cooperativa, fija la inembargabilidad de las aportaciones sociales y posibilita el rehuse del reembolso de las aportaciones cuando a las entidades les ocasione un desajuste de sus ratios económico-financieros. "Con la aprobación de esta nueva ley, las cooperativas cuentan con un marco legal consistente que, además de clarificar la responsabilidad de los socios ante las deudas sociales, posibilita nuevas fórmulas de gobernabilidad cooperativa y camina hacia el desarrollo de un Cooperativismo Vasco más sólido", abundó el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE-EKGK) en una nota oficial.

Por su parte, y según datos actualizados de la Federación de Cooperativas de Euskadi (Erkide), serán cerca de 2.000 las cooperativas que se beneficiarán de este nuevo marco, que afecta a 80.000 personas en Euskadi, aproximadamente el 6% de la población ocupada. "La Ley se adecua a la gran revolución digital que el tejido empresarial está viviendo, donde la innovación y las nuevas tecnologías se han implantado plenamente", advirtió ayer Erkide.

respuesta a la globalización Por otro lado, la nueva ley da una respuesta a la globalización de los mercados, que en el caso del cooperativismo vasco asciende a un volumen de facturación superior a los 8.000 millones de euros, de los que dos terceras partes son ventas internacionales. Para atender a esta realidad, se significó ayer, se eleva a rango legal la regulación de los grupos cooperativos, se posibilita las denominadas fusiones especiales, es decir, que las cooperativas puedan fusionarse no sólo con otras entidades, sino también con otras sociedades mercantiles o civiles, y permite la creación de cooperativas mixtas que se adecuen a cada proyecto concreto.

En la sesión plenaria, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, se felicitó por el consenso alcanzado para sacar adelante el nuevo texto que, insistió, va enfocado a consolidar y reforzar el Movimiento Cooperativo Vasco. "Sin perder ninguno de los aspectos característicos y valores del cooperativismo hemos querido dotar al sector de un instrumento útil para compaginar su carácter social avanzado con el reto de competir en un mercado global en permanente evolución y sujeto a constantes incertidumbres", explicó la consejera.

entre el consenso y la crítica El parlamentario del PNV Aitor Urrutia, por su parte, insistió en el "gran consenso en el sector" y defendió que elevar al 30% el número de eventuales está previsto para "momentos excepcionales y picos de trabajo" por lo que ha rechazado que "abra la puerta a la precarización". Desde EH Bildu, Larraitz Ugarte reconoció el voto "crítico" emitido a favor de una ley que era necesario modernizar y renovar, y lamentó el aumento del número de eventuales hasta el 30%, ya que, a su juicio, esta cifra será superada porque la Inspección trabaja de forma "frágil".

En este sentido también se pronunció el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jose Ramón Becerra, quien afirmó que la nueva norma "va a ser peor" que la ley actual para el movimiento cooperativo. "La estabilidad en el empleo, los salarios y el arraigo de los centros de decisión queda más que tocados", lamentó. Gloria Sánchez (PSE) mostró su "preocupación" por el discurso "catastrofista" de Elkarrekin Podemos -"No se puede decir que la ley empeora la anterior, no es cierto", insistió-, mientras que el parlamentario popular Carmelo Barrio destacó que la nueva ley da a las cooperativas una "herramienta" que "supera obsolescencias" y que el movimiento cooperativo debe "aprovechar" para crear empleo, impulsar el crecimiento industrial o la internacionalización.