madrid. El Gobierno español del PP ha aprovechado la futura Ley de Emprendedores para abrir una vía para que los extranjeros que compren más de dos millones de euros en deuda pública española reciban la residencia legal en el Estado. Con esta medida, el Ejecutivo de Rajoy quiere atraer capital foráneo e inversión al Estado español.

Con el exceso del ladrillo todavía sin conseguir una salida en el mercado, la nueva normativa intentará favorecer la venta de vivienda. Para ello, según anunció la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, los inversores extranjeros ricos podrán hacerse con el permiso de residencia siempre que compren un piso o una casa valorada en más de 500.000 euros.

La representante del Ejecutivo español fue muy gráfica al aclarar, según Europa Press, que se "se facilitará la concesión de permiso de residencia a las personas que realicen inversión económica, por ejemplo inmobiliarias, por valor superior al medio millón de euros". Como se recordará en las primeras filtraciones sobre la posibilidad de articular una medida así se hablaba de adquirir una vivienda de solo 160.000 euros, lo que abría la puerta a buena parte de ciudadanos extranjeros que optan por vivir en España como jubilados por su clima y su atención médica, según los detractores de la iniciativa. En todo caso, la medida del Gobierno español da la sensación de que se pone precio al permiso de residencia en España, algo que Sáenz de Santamaría evitó aclarar limitándose a señalar que el Ejecutivo popular está haciendo "ni más ni menos" lo que hacen los países del entorno para fomentar las inversiones extranjeras. Según la vicepresidenta, Irlanda, Inglaterra y Portugal han adoptado ya medidas similares. La nueva norma también prevé la concesión de la residencia para los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales en el Estado español que generen puestos de trabajo o que tengan un impacto destacado desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación tecnológica. Con la norma se intenta paliar la reducción de la compra de deuda española por parte de extranjeros dada la desconfianza en la economía de España ya que el pasado año contaban con un 10% menos invertido en bonos que en 2010.