Madrid. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, calculó ayer que el gasto destinado a la protección de los parados, que alcanza los 2.500 millones de euros al mes, ascenderá a casi 30.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor de dos terceras partes del presupuesto con el que cuenta el departamento que dirige. El presupuesto de la CAV en 2011 asciende a 10.549 millones, un tercio de lo que podría suponer el gasto destinado al desempleo en el Estado.

Durante su participación en un curso sobre la reforma laboral en la Universidad Autónoma, el ministro Gómez explicó que la inestabilidad laboral provoca elevados costes sociales, especialmente las prestaciones por desempleo, que se "disparan". No obstante, insistió en que "no son ni la regulación ni las autoridades laborales las que han causado el elevado desempleo en España, sino que han sido las instituciones financieras". Gómez precisó que dos terceras partes de lo que gasta el Ministerio es para el desempleo, sin tener en cuenta el gasto en la Seguridad Social.

Causas Para el ministro, los grandes problemas del mercado de trabajo son la falta de estabilidad, por la excesiva rotación en el empleo, el desequilibrio en el modelo de flexibilidad laboral y la dificultad de los jóvenes para acceder a un trabajo, especialmente entre los menos preparados.

El ministro recordó además que España sigue entre los tres primeros países de la UE con la temporalidad más alta y subrayó que dos de cada diez contratos temporales duran menos de una semana.

Subrayó que el paquete de reformas aprobado por el Gobierno (laboral, negociación colectiva y políticas activas) ha sido el "más intenso" desde la mitad de los años ochenta y criticó a quienes las tildan de "reformas a medias". Al respecto, insistió que "es más importante la evolución de los tipos de interés que la norma laboral para crear empleo", aludiendo a la crisis financiera mundial.