DONOSTIA. La sentencia de Sala de lo Social del TSJPV ha admitido en parte un recurso del pelotari contra un fallo de primera instancia de un juzgado de Eibar, que desestimó la pretensión del jugador de que la empresa le indemnizara con 1,4 millones de euros por lucro cesante, vulneración del derecho al honor y del derecho a la intimidad, daños morales y represalias.
La sentencia de instancia no reconoció ninguno de estos motivos, pero el TSJPV sí considera que el administrador de Aspe, Fernando Vidarte, vulneró el derecho al honor del jugador en unas declaraciones públicas efectuadas en febrero de 2016, cuando informó de que la empresa no renovaría el contrato que le unía con Xala.
En concreto, en aquellas declaraciones Vidarte habló de los problemas lumbares que había padecido el pelotari y aseguró que "últimamente está jugando a gran nivel, pero el resto del año no ha estado, un pelotari no puede jugar bien sólo cuando se acerca el fin de su contrato".
En esta última apreciación la sala observa la vulneración del derecho al honor del pelotari, ya que son palabras que "sobrepasan el marco de la libertad de expresión" porque "imputan un ilícito laboral que es constitutivo de una falta muy grave en este ámbito" cuando "liga el buen juego con el final del contrato y por tanto con la renovación del mismo".
"Le está acusando a la postre de una actuación dolosa e incardinable en lo que se conoce como transgresión de la buena fe contractual", reza la sentencia.
El tribunal explica que el campo de actuación profesional de un pelotari es "muy reducido", ya que sólo existen dos empresas -Aspe y Asegarce- y "tras esa 'fama' es difícil que la otra le contratase, como a la postre ha ocurrido".
La sentencia desestima el resto de pretensiones del jugador, al considerar que revelar datos del estado físico del pelotari no implica la vulneración al derecho a su intimidad, ya que se trata de información relevante y de interés "para los aficionados que siguen este deporte".
Rechaza asimismo la petición de lucro cesante y la indemnización por daños morales, por lo que fija le indemnización en la cuantía que Xala había reclamado desde un principio por la vulneración del derecho al honor, 150.000 euros.
Aspe dispone de 10 días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a partir de la notificación de la sentencia