Me cuesta entre poco y nada imaginar el pifostio que tendríamos montado si el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señalara en un informe que, pongamos, el PNV se excedió en el límite de gasto marcado para las pasadas elecciones forales en nada menos que un 26 y pico por ciento. Importaría media higa que desde Sabin Etxea se argumentara que se basaron en un baremo aprobado en el Parlamento Vasco no sé cuando o que los jeltzales pretendieran refugiarse en que las normativas sobre la cosa son tan confusas que inducen al error o que, total, no nos vamos a poner tiquismiquis por 183.000 euros de más. Sin atender ni a excusas ni a razones, los titulares desde la extrema diestra a la extrema siniestra, con parada y fonda especial en la ahora autotitulada soberanista, y pasando por los del medio público que ustedes y yo sabemos, echarían sulfuro exigiendo responsabilidades, inhabilitaciones y, ya si eso, cárcel.

Pero, miren por dónde, quien presuntamente se pasó de frenada con el gasto en las últimas elecciones forales y locales fue EH Bildu. Sostiene el órgano fiscalizador de las cuentas públicas que a la coalición liderada por Arnaldo Otegi se le fue la mano, tanto en lo establecido como gasto genérico para la campaña como en lo consignado en concepto de inversión en medios de comunicación. Y fue un pico, como ya se ha apuntado. Estamos hablando de algo lo suficientemente serio como para exponerse a una multa que oscila entre los 300.000 y los 900.000 euros. O sea, de unas circunstancias que constituyen en sí mismas motivos para una noticia de apertura a todo trapo.

¿Por qué no está siendo así? Ni siquiera voy a gastar tiempo y espacio en contestar a algo tan obvio. Fíjense que hasta podría aceptar que la infracción no es tan grave, pero me es imposible dejar de señalar el estratosférico doble rasero para medir la corrupción.