El sistema educativo vasco se enfrenta en los próximos meses a decisiones muy importantes. En los últimos días, varias cuestiones dominan el debate educativo que atraviesa a toda la sociedad vasca y a todos los partidos políticos (incluso a corrientes dentro de los mismos). Son elementos centrales, que todo el mundo sabe a qué hacen referencia, tan reconocibles y asentadas que podrían ser de otra época. De hecho, desde el primer pleno sobre educación en 1980 en el recién creado Parlamento Vasco, ya se hablaba del modelo de Escuela Pública Vasca en palabras del entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea y del parlamentario del Partido Comunista de Euskadi Roberto Lertxundi.
Por eso lo que está en juego en la próxima ley vasca de educación es la propia historia de Euskadi como sistema escolar y su devenir para las varias generaciones. Lo que entonces era una disputa por la hegemonía entre la escuela privada (y en particular la red de ikastolas) y la creciente escuela pública que finalmente se resolvió con la Ley de 1993, hoy se ha vuelto parte de un rompecabezas mucho más complejo. Desde 1980, Euskadi ha cambiado para bien. Hoy es una comunidad próspera en términos educativos: toda la población está escolarizada entre los 3 y 18 años y el abandono escolar temprano es casi inexistente.
Pero en política educativa, las soluciones de hoy son los problemas del mañana. Dos fenómenos recientes están transformando la sociedad y la escuela vasca, y lo van a seguir haciendo en el futuro. Por un lado, el progresivo pero imparable envejecimiento, unido a migración, oportunidades económicas y juventud precaria, ha supuesto una caída de los nacimientos: asistimos a una crisis de natalidad en toda regla. Por otro, el crecimiento de población migrante y su mayor tasa de fertilidad hace que 3 de cada 10 nacimientos en Euskadi sean de madre extranjera. Eustat, la agencia estadística del Gobierno Vasco, prevé que la tendencia demográfica se revierta ligeramente en los próximos años, pero de tal manera que la proporción de nacimientos de madre migrante siga creciendo. Esa es la Euskadi realmente existente: la que hoy vemos en los paritorios y en las escuelas infantiles.
Estos dos fenómenos, más la estructura de doble red público-concertada, la tensión entre igualarse y diferenciarse que opera en educación y la inacción política del pasado, han colocado a Euskadi a la cabeza de las CCAA en segregación escolar, esto es, al nivel de concentración de alumnado en las mismas escuelas por origen social (solo por detrás de Madrid) o por origen migrante.
Una segregación escolar excesiva tiene efectos perniciosos sobre la igualdad de oportunidades, la calidad de la educación y la cohesión social. Si la escuela no es un reflejo de la sociedad, los aprendizajes y expectativas del alumnado se polarizan y la ciudadanía deja de conocer la foto completa del país en el que vive. Numerosos estudios muestran de forma causal que la diversidad aporta oportunidades, aprendizaje, prosperidad y convivencia.
Dado que el fenómeno demográfico avanza, la tendencia puede ir a peor si los poderes públicos no toman decisiones. El Acuerdo firmado en abril de 2022 fue un paso gigantesco para revertir esta situación. Se pasó, de la noche a la mañana, de la negación del problema a su reconocimiento, y al planteamiento de medidas ambiciosas y acertadas para revertir (o al menos, no agravar) la situación. Ocurrió con un apoyo de los cuatro principales partidos que representan el 90% de la cámara vasca.
Sin embargo, el borrador de anteproyecto de ley de educación no responde a las expectativas generadas por el Acuerdo. En varias partes, incluida la de la segregación, se trata de un documento difuso y ambiguo. La ley vasca no debería ser menos ambiciosa que la ley estatal o la catalana, y, sin embargo, en aspectos clave, así lo es en este momento. Es importante que lo que el Acuerdo determinó sea recogido en la ley. Los decretos y las órdenes (algunas recientemente publicadas) pueden cambiar a voluntad del gobierno, pero las leyes permanecen. Una ley con vocación duradera –la actual Ley de Escuela Pública Vasca ha durado 30 años– debe reflejar las prioridades políticas sobre las que hay ahora un consenso tan grande.
Un ejemplo es la definición de lo que va a denominar el Servicio Vasco de Educación (SVE), que integre a la oferta de titularidad pública y la privada financiada con fondos públicos que sea “de interés social”. El texto actual asume que los centros concertados ya forman parte del servicio, sin condicionantes y de forma automática. En esto, no solo no se respeta el Acuerdo, sino que no supone novedad con respecto a la legislación actual (incumplida de forma sistemática).
Otro son los mecanismos específicos de planificación de la oferta y de escolarización equilibrada con los que el Departamento de Educación debe evitar la segregación, que tanto el Acuerdo como otras leyes como la catalana o la estatal sí detallan, pero que el anteproyecto omite. Tampoco queda clara la vinculación de los recursos económicos al nivel de necesidad del centro y a los nuevos “contratos-programa” (entre administración y centros educativos) de forma que sirvan para la equidad y para revertir las situaciones de segregación y desventaja social, además de para promover la innovación.
La ley debe aspirar a garantizar derechos y ampliar oportunidades, y para ello debe fijar un marco claro, coherente y sólido de herramientas y mandatos a la Administración. Sin ese mandato, el Acuerdo nace sin alas, y queda sujeto a vaivenes políticos o a decisiones dispares de implementación en cada territorio. Euskadi se merece una buena ley a la altura de un gran acuerdo. Esperamos que así sea.
* Álvaro Ferrer es especialista de Equidad Educativa en Save the Children. @alvaro_FB Lucas Gortazar es director de Educación en EsadeEcPol. @lucas_gortazar
