MADRID. Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por las principales productoras cinematográficas y dirigida contra los responsables de las dos páginas web por un presunto delito contra la propiedad intelectual, según ha informado la Policía en una nota de prensa.
A través de estas páginas se realiza un acto de comunicación pública, que es el medio por el que una pluralidad de personas puede tener acceso a contenido audiovisual protegido y no autorizado. Según ha señalado la Policía, la gran cantidad de contenido audiovisual no autorizado ocasiona "inmensas pérdidas" en el sector cinematográfico.
En estas páginas se ponía a disposición de los internautas obras audiovisuales protegidas, como películas y series. Para permitir el acceso a las obras, utilizaban tanto enlaces para la descarga directa de los archivos, como el visionado directo o streaming desde servidores especializados.
PUBLICIDAD Y CUENTAS PREMIUM
Los agentes determinaron que las dos páginas web eran propiedad de una empresa administrada por dos personas y que obtenían los beneficios económicos por dos vías. Una de ellas era insertar publicidad en las páginas de enlaces a los servidores que alojaban el contenido audiovisual, ubicados en el extranjero. Este beneficio se iba incrementando en función del número de visitantes de las webs.
La segunda opción era la implantación de cuentas premium (con ventajas a la hora de descargar) que dirigían los pagos de los usuarios directamente a los administradores de las páginas de enlaces.
Los investigados disponían de cuentas en varias entidades bancarias y en un conocido sistema de intermediación financiera, en las cuales los agentes han encontrado los cuantiosos beneficios provenientes de la actividad delictiva. Los ingresos eran efectuados por usuarios de países como España, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, México, El Salvador o Brasil.
En la operación se han registrado los domicilios de los administradores en Madrid y Alicante, donde los agentes se han incautado de tres ordenadores, una tableta, un router, dos discos duros y cuatro pen-drives.
Las investigaciones han sido desarrolladas por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.
