El Gobierno central ha aprobado una disposición que evitará penalizaciones a los viticultores que no hayan podido ejecutar sus autorizaciones de plantación por motivos de la sequía.
La disposición habilita a las comunidades autónomas a poder exceptuar de la aplicación de las correspondientes sanciones por inejecución de autorizaciones a los titulares de éstas que caduquen en 2023, al considerar la sequía como causa de fuerza mayor.
Esta medida se aplicará a las autorizaciones con superficie en las provincias afectadas por sequía que las comunidades autónomas hayan delimitado con medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas.
Las condiciones climáticas han afectado a las operaciones de manejo del viñedo ordinarias en cada época del año y, de manera más concreta, a las acciones de plantación de nuevas viñas. La falta de lluvia en los meses clave para su realización, junto con la caída de las reservas de agua para los regadíos, ha obligado en muchos casos a retrasar la ejecución de estas plantaciones hasta que ha resultado imposible realizarlas.
La posibilidad de la plantación resulta ya agronómicamente inviable, pues solo se puede garantizar que las nuevas viñas salgan adelante cuando se plantan en los meses de primavera.
Evitar perjuicios
Con la medida aprobada se trata de evitar el perjuicio que puedan suponer las sanciones a los titulares de las autorizaciones que caducan este año que no pudieron ejecutarlas por la falta de precipitaciones en los meses claves para la plantación de viñedo.
Esta medida de decisión nacional será completada en las próximas semanas con otras flexibilizaciones en materia de autorizaciones de viñedo que aprobará la Comisión Europea, como la posibilidad de prorrogar la validez de las autorizaciones.
