“Me considero un damnificado de la RGI”

El calvario de este vecino comenzó hace casi ocho años, cuando recién separado y con la custodia compartida de sus dos hijos apenas cobraba 550 euros mensuales por su trabajo en un comedor escolar de la ciudad, pero pagaba 650 por el alquiler de un piso. “No había necesitado ayudas nunca, pero estaba económicamente tan jodido que tuve que solicitar la RGI”, relata. La primera respuesta de Lanbide a su petición tardó la friolera de ocho meses y, además, fue negativa, por superar el patrimonio máximo que permitía la legislación. Dani compartía la hipoteca de su anterior vivienda con su expareja, en aquel momento alquilada, pero no veía “ni un euro” por ese arrendamiento, que básicamente servía para ir pagando el préstamo al banco.

Dani presentó un recurso de reposición contra la decisión de Lanbide pero le volvieron a denegar la ayuda, por lo que decidió acudir por primera vez a los tribunales. Finalmente, casi dos años después de acercarse por primera vez a sus oficinas, la justicia dio la razón a Dani y le concedieron la prestación con efecto retroactivo desde 2012. La percepción de las AES a lo largo de 2013 “básicamente para tener un techo y poder comer” le ha provocado a Dani recientemente el último jarro de agua fría desde los juzgados, dado que fue simultánea a la RGI, aunque no en la práctica -ese año no vio ni un euro de esta última-, y por tanto ilegal. “Yo tenía un problema puntual que necesitaba una solución puntual y urgente que no me daban. Mis hijos han estado al límite de la pobreza”, resume Dani. Durante meses, este vecino tuvo que pedir “muchos favores” y también un préstamo al banco para poder hacer frente a sus pagos, que terminará de abonar dentro de un mes. “Y aún le debo 1.200 euros a mi hermana y 2.000 a mi mejor amigo”, asume.

Cuando Dani por fin cobró las ayudas acumuladas que Lanbide no le había pagado desde el año 2012, más de 13.000 euros, el dinero prácticamente le duró “tres días”, un buen reflejo de la “dramática” situación económica por la que atravesaba. Su situación laboral no varió sustancialmente hasta agosto de 2015, momento en el que se puso en contacto con Lanbide para comunicar que había encontrado un trabajo “digno” y con un salario suficiente como para dejar de percibir la RGI. Un cambio que, según asegura Dani, fue anunciado telefónicamente a Lanbide “en tiempo y forma”, como también había hecho anteriormente con todas las variaciones de su situación económica o laboral, como era su obligación.

La segunda cita de Dani con Lanbide en los juzgados se derivó de una denuncia por daños y perjuicios derivada del “sufrimiento” padecido durante todo el tiempo que no estuvo percibiendo la RGI y la PCV, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el año 2016, pero lo peor aún estaba por llegar para este vecino. Ya en 2017, dos años después de haber dejado de percibir las ayudas del Gobierno Vasco, Dani volvió a tener noticias de Lanbide, que tras revisar su expediente, le reclamaba más de 8.500 euros por supuestamente haberlas cobrado indebidamente. “Expliqué mi caso en una emisora de radio y a los 15 días recibí otra carta. Por arte de birlibirloque, esa deuda se había reducido a la mitad. No sé qué tipo de gestión hacen, pero no es muy buena. Más bien es pésima”, critica.

Tras ir a juicio, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Gasteiz dio esta vez la razón a Lanbide y condenó a Dani a reintegrar 4.149 euros por una serie de “variaciones patrimoniales” que, según el afectado, en ningún caso habían mejorado su situación económica. A este fallo se ha unido otra sentencia que le condena a pagar 5.682 euros al Ayuntamiento por haber cobrado las AES durante 2013 de forma simultánea a la RGI, aunque no viese este último dinero casi hasta 2014. “Es un atraco a mano armada”, denuncia Dani, quien alerta de que Lanbide “está con la guillotina contra quien no tiene que aplicarla” cuando revisa expedientes del pasado. “No tengo ni idea de cómo voy a hacer frente a estos pagos, pero sigo sin tener recursos”, lamenta. Su próximo paso será ir al Ararteko.

Un largo peregrinaje. El Gobierno Vasco concedió la renta de garantía de ingresos (RGI) a Dani, nombre ficticio de un vecino de Gasteiz, tras un largo peregrinaje de dos años que incluyó tanto las oficinas de Lanbide como los servicios sociales municipales y, en última instancia, los juzgados. Pero ahora, cuando por fin ha dejado de percibir ayudas y cuenta con un empleo estable, este ciudadano atraviesa por una situación todavía crítica, tras sendos reveses judiciales consecutivos.

Dos sentencias. El juzgado de lo contencioso-administrativo de Gasteiz ha condenado recientemente a Dani a reintegrar 4.149 euros por una serie de “variaciones patrimoniales” que, según el afectado, en ningún caso habían mejorado su situación económica personal. A este fallo se ha unido otra sentencia que le condena a pagar 5.682 euros al Ayuntamiento por haber cobrado las AES durante 2013 de forma simultánea a la RGI, aunque no viese este último dinero casi hasta 2014.

El protagonista de esta historia, ante el doble varapalo judicial.