vitoria - Hace algo menos de un año, 26 representantes de la cultura, la solidaridad y los sindicatos de Vitoria firmaron un manifiesto en apoyo a los derechos de los Manzanares Cortes, más conocidos como los pichis. En aquel momento el grupo residía en Abetxuko. Ocupó una vivienda y, justo antes de ser desalojado por una orden judicial, firmó un contrato de alquiler -posteriormente invalidado por los tribunales- que le llevó a otra vivienda de la calle de El Cristo. Ahora, tras conocerse que recalarán en una vivienda social de Astegieta y que ello ha despertado el rechazo vecinal, la lista, en la que figuran José Ángel Cuerda, Rosabel Argote, Blanca Urgell, Manu Arakama, Irantzu Lekue, Andrés Krakenberger o Iban Zaldua, se ha ampliado a 52 portavoces de movimientos gasteiztarras. Reclaman el fin del “bullying social” contra la familia y afirman que ha quedado acreditado que la actitud del clan es “abierta y dialogante”. “La preocupación ahora es mucho mayor. Sólo reclamamos que se les apliquen parámetros de normalidad social”, explicó ayer el experto en derechos sociales Ignacio Funes durante la presentación pública del nuevo documento.

Los 52 firmantes censuraron ayer el “bullying mediático y vecinal sin precedentes desde su llegada a Gasteiz”. Una situación que, denunciaron, “raya, si no traspasa, el ámbito de lo delictivo, con escraches humillantes, amenazas, invasión mediática abusiva de su intimidad, informaciones falsas...”. Aseguran que tras las acciones de rechazo existe un grupo de personas “que instrumentalizan a vecinos con la excusa de la lucha contra la delincuencia” y equiparan su actitud a la de “la extrema derecha en muchos lugares de Europa”.

El colectivo que suscribe el documento subraya que el derecho de los Manzanares Cortés a vivir en paz es “básico e incuestionable” y asegura que, en este caso, “se ve reforzado por su actitud abierta y dialogante y su determinación en la búsqueda de la convivencia en paz”. Como aval de esta buena voluntad, sus portavoces, la sindicalista Susana Egia y el defensor de los derechos sociales Juantxu Oscoz, aludieron al preceptivo informe que los Servicios Sociales municipales han elaborado sobre la familia y “al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la vivienda adjudicada por Alokabide”.

Precisamente en relación con este último punto, el escritor experto en derechos humanos Juan Ibarrondo informó de que la sociedad pública que gestiona el alquiler de viviendas sociales y que depende del Gobierno Vasco, Alokabide, tiene previsto reunirse con los responsables de la Junta Administrativa de Astegieta y del Ayuntamiento de Vitoria para explicar todos los detalles del proceso de adjudicación del piso de la avenida de Los Huetos a los Manzanares Cortés. Un encuentro que, precisó, tendrá como objetivo “acabar con las suspicacias”. De esta manera, los firmantes quieren zanjar los rumores que apuntaban hacia una supuesta adjudicación directa del domicilio a los pichis pese a no acreditar los ingresos mínimos necesarios para ello.

Paralelamente, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se mostró favorable al cierre de un “pacto” entre los Manzanares Cortés y los vecinos de Astegieta de cara a garantizar la buena convivencia en la zona. El primer edil explicó que el Ayuntamiento puede actuar como mediador para solucionar el conflicto

El rechazo vecinal se ha traducido hasta la fecha en la colocación de pancartas en el barrio y en la convocatoria de una manifestación el pasado sábado a la que seguirá esta tarde una segunda marcha con salida en Abetxuko y meta en la plaza de la Virgen Blanca. Además, desconocidos destrozaron la vivienda de Alokabide en la que iban a residir los pichis.

“La decisión de que la familia Manzanares Cortés venga a Vitoria es única y exclusivamente suya, y están en su derecho”, manifestó Urtaran antes de vincular la adjudicación del piso a un trámite del Gobierno Vasco y asegurar que el Consistorio “hará todo lo posible para garantizar la convivencia en Astegieta”. Además, apeló a la necesidad de alcanzar “un pacto por la convivencia” en el que “todas las partes, tanto la familia como los vecinos” se comprometan a garantizar “una coexistencia pacífica” y se respeten “una serie de derechos y obligaciones”.