La Conferencia Episcopal encarga una auditoría externa de los abusos sexuales

El despacho profesional abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto, según han informado las partes en un comunicado.

La noticia se conoce en un momento en que el PSOE está negociando con distintos grupos parlamentarios crear una comisión para investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron una iniciativa para poner en marcha una comisión parlamentaria para realizar esta investigación, y el PNV propuso crear una comisión independiente de expertos, el PSOE ha planteado que sea el Defensor del Pueblo quien lidere esta investigación de la mano de un grupo formado por expertos, víctimas y miembros de la propia Iglesia. Los obispos españoles no se han pronunciado aún sobre su posible participación en estas investigaciones.

Según Unidas Podemos, la comisión parlamentaria puede ser complementaria con la que propone el PSOE. Por su parte, los socialistas consideran que la comisión liderada por el Defensor del Pueblo debe tener el protagonismo aunque no descarta que este pueda comparecer, una vez terminado el informe, en sede parlamentaria.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recopilado de las fiscalías autonómicas un total de 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Una vez recibidos los datos cuantitativos relativos a las causas, la FGE explica que realizará “un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación”.

Todas estas iniciativas para investigar los abusos en la Iglesia han surgido después de que el pasado mes de diciembre, el Vaticano confirmara que había remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige el español Luis Ladaria, un informe sobre la situación de los abusos sexuales de la Iglesia en España para que se proceda según la “normativa canónica vigente”, según reveló el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Se trataba de la investigación que el diario El País entregó durante el viaje del Papa a Chipre y Grecia y que recoge 251 casos de abusos en el seno de la Iglesia española. Esta investigación también fue remitida a la Archidiócesis de Barcelona que, a su vez, la dirigió los casos a las diócesis correspondientes. El propio Gobierno ha trasladado a la Conferencia Episcopal Española su preocupación por que todos los casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible.

Así se lo trasladó el ministro de Presidenci, Félix Bolaños, al cardenal Omella, durante la reunión que mantuvieron el pasado 18 de enero. Omella le indicó el “camino” que la Iglesia española está realizando en comunión con la Santa Sede ante los casos de abusos a menores. Ahora, la Iglesia católica española ha decidido someterse a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales.

Pederastia

El pasado mes de octubre se conoció el informe de informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia Francesa (Ciase), en el que ponía de manifiesto que al menos 216.000 menores habían sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes o religiosos en la Iglesia francesa desde 1950.

En Alemania, un estudio encargado por el arzobispado de Múnich a un despacho de abogados documentaba 497 casos y suscitó polémica al criticar la actitud de Benedicto XVI cuando era arzobispo de esta diócesis. El papa emérito rectificó su respuesta inicial reconociendo su presencia en una reunión sobre un sacerdote acusado de abusos, una negación que el papa emérito atribuyó a un “despiste”.

La Conferencia Episcopal Portuguesa tomó la decisión en noviembre de que una comisión independiente investigue los casos ocurridos desde 1950 hasta 2022 y remitirá las denuncias a la Fiscalía General. La Comisión se ha fijado finales de 2022 para culminar el estudio y las víctimas contarán con total anonimato a la hora de contar sus testimonios.