- La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica” por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución “corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas”. De esta manera, el Poder Judicial afea al Gabinete de coalición que con esta normativa se “limite” la competencia de las CCAA. En el informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se recalca que la actuación estatal se ha articulado “a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética”.

Pero advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal “se vierte sobre esos otros aspectos”. Por tal motivo, “el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, la ley de vivienda o del derecho a la vivienda”.

El nuevo borrador del órgano de los jueces se llevará a votación del pleno de este jueves. El CGPJ censura que se dé “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”. Indica en su informe que el derecho a una vivienda digna y adecuada, si bien se reconoce en la Constitución, no se “define”, y explican que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, “no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad”. El CGPJ lanza además un mensaje al Ejecutivo recordándole que “el alcance de la función consultiva del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe”. Apunta que el Gobierno en este aspecto “carece de toda capacidad de disposición” porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos y hasta la actualidad.

Este nuevo borrador llega después de que en el pleno extraordinario se echara por tierra la propuesta del vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, que consideró la ley como un instrumento normativo adecuado para “consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda” que recoge la Constitución, pero matizaba que se daba una “falta de concreción” en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, acusó ayer al CGPJ de “liderar la reacción antidemocrática” al Gobierno de coalición con su propuesta de dictamen crítico. En su opinión, este nuevo pronunciamiento pone de manifiesto que el CGPJ “caducado” ejerce de “oposición” al Gobierno y le molesta “enormemente” que se den pasos en favor de proteger el derecho a la vivienda y regular el precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas. Señala también que el Poder Judicial se extralimita en sus funciones y ve paradójico que aluda a el choque competencial con las autonomías, cuando precisamente la ley catalana de vivienda, que ya desplegaba dicha regulación, fue recurrida precisamente porque no había norma estatal que amparara esta cuestión.

“Se produce un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales”

Informe oficial

“El CGPJ lidera la reacción antidemocrática a este Gobierno ejerciendo como si fuera la oposición”

Coportavoz estatal de Podemos