- La política estatal sigue polarizada por la ofensiva judicial del PP contra el reparto de los fondos de la Unión Europea, y así mientras el presidente popular, Pablo Casado, insiste en que dicha distribución a las Comunidades Autónomas puede incurrir en el “clientelismo” y la “corrupción”; desde Moncloa vaticinan un nulo recorrido a esta estrategia que inició la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En medio, el PNV tachó ayer el recurso ante el Tribunal Supremo de “ataque gratuito que no tiene base, no tiene sentido, es tan obvio que cae por su propio peso”.
En una rueda de prensa en Iruñea, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que de los 17.110 millones de euros repartidos entre las comunidades, Euskadi recibe el 3,5%, “cuando contribuimos a las cargas del Estado un 6,24%”. Este es el porcentaje que debería haber llegado a la CAV atendiendo a otros parámetros “ya conocidos históricamente”, como la población, el PIB o el Concierto Económico, tal y como recordó el pasado viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu.
El diputado jeltzale compareció en Nafarroa por ser una de las comunidades, junto con la CAV, Valencia y Extremadura, afectadas por el recurso presentado por el PP “por una cantidad mínima, 9 millones de euros repartidos a cuatro Comunidades Autónomas, porque sus proyectos en ese ámbito son más innovadores, en el caso de Navarra, para el desarrollo de empleo”.
Subrayó asimismo que “Navarra recibe el 1,19%, no llega al 1,6% de aportación” de la Comunidad foral. Apostilló, tajante, que “quien más ha recibido es la Comunidad de Madrid con diferencia”, por lo que a su juicio no es comprensible esta iniciativa del Gobierno de Ayuso que ha permeado en el PP como argumento de oposición a Sánchez.
Lamentó por ello que “últimamente en España se judicializa todo”. “He perdido en el Parlamento y voy al juzgado, tengo amigos en los jueces y al juzgado”, dramatizó. Una forma de proceder que “va en detrimento de la democracia parlamentaria y de los jueces, me parece un error absoluto judicializar esta cuestión”.
El líder del PP, Pablo Casado, insistió ayer en mostrar su preocupación por el reparto de los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia, que calificó de discrecional, y al mismo carro se subieron otros dirigentes de su partido. La conselleira de Emprego e Igualdade de la Xunta, María Jesús Lorenzana, recordó que Galicia está a las puertas de acudir a la vía judicial tras expirar el plazo de un mes que aparecía en el requerimiento trasladado al Gobierno en relación al destino de las ayudas. Mientras, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, dijo que “lo importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional”.
El propio Pedro Sánchez reclamó a los partidos que “no hagamos de los fondos europeos una cuestión partidista”, sino “una oportunidad de país, eso le pido a la oposición”. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, reaccionó con contundencia la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al referirse a la intención de Ayuso de ir a los tribunales contra los fondos europeos. Recordó a su vez que el PP “es un partido condenado por corrupción”. Alegó que los mecanismos de la UE “son muy transparentes” y “son procedimientos que nadie cuestiona salvo los que están en el negacionismo permanente”, por lo que dijo que no ve “absolutamente” ningún recorrido al recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra este reparto.
En la misma línea, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, instó al PP a “remar en la misma dirección” que el Gobierno de coalición para aprovechar la “oportunidad histórica” que tiene España con estas ayudas de la UE. Mientras, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, reprochó a Casado que “ve corrupción por todas partes”.
