- Los contagios por coronavirus se han vuelto a desbocar de manera general en el Estado. Para rizar el rizo, el veto de algunos tribunales superiores de justicia como el vasco a las medidas autonómicas para restringir la movilidad y frenar la pandemia impide a los territorios ir más lejos en su lucha contra la infección, en todo lo que suponga limitar el movimiento de personas. El lehendakari dio ayer un paso al frente para proponer la declaración de alarma en todo el Estado como vía para desatar el enredo en buena parte de los territorios, viendo que Sánchez no termina de hacer el movimiento, tampoco el PP lo pide en comunidades como Madrid, y el tiempo corre. Todo aboca a que el Gobierno español declare el estado de alarma para ofrecer un paraguas jurídico a las comunidades. España no ha reformado la ley para hacerlo con la legislación ordinaria y ya no queda tiempo.
El movimiento de Urkullu y sus contactos telefónicos han ejercido de palanca para activar más apoyos autonómicos. Y parece que Sánchez ha tomado nota y se prepara para declarar el estado de alarma mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, porque a la propuesta de Urkullu se han sumado varias comunidades del PSOE, los soberanistas catalanes y la Cantabria de Revilla y, con el apoyo confirmado de C's, ya tiene los votos si hubiera que prorrogarlo quince días más en el Congreso. No tiene que votarlo para activarlo, pero sí para la prórroga. El Gobierno español había insistido en que no quería dar el paso sin los votos amarrados.
El lehendakari anunció ayer su petición formal a Sánchez para que declare la alarma en el conjunto del Estado, pero dejando la gestión en manos de las comunidades. No es el escenario ideal para un lehendakari aber-tzale, que había defendido que basta con la legislación ordinaria, pero se ha topado con el muro de los tribunales y ha decidido priorizar la salud. De todos modos, se trataría de buscar una cobertura jurídica para que las medidas vascas, como la limitación de las reuniones de más de seis personas y el aislamiento de los municipios en zona roja, dejen de ser recomendaciones y sean obligatorias, y esas medidas las adoptará Euskadi, sin merma para el autogobierno.
La petición tuvo una buena acogida y le siguieron en cascada comunidades socialistas como Asturias, Extremadura, La Rioja, Nafarroa y Castilla-La Mancha; la Cantabria de Revilla, los soberanistas de Catalunya, y Melilla. La líder de C's, Inés Arrimadas, ofrece sus votos a Sánchez, y hay voces del PP que están moderando sus recelos, aunque ya no son estrictamente necesarios en el Congreso. El camino está expedito.
Urkullu ha movido ficha para que el Estado deje de deshojar la margarita, preocupado por los más de 1.200 contagios en Euskadi. Pide el estado de alarma, en principio, por 15 días. La idea es garantizar la efectividad de las medidas para restringir los movimientos haciendo que pasen de ser meras recomendaciones a ser obligatorias. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en contra del criterio de la Fiscalía y de otros jueces en Nafarroa o Galicia, ha tumbado la prohibición de las reuniones de más de seis personas sin una declaración previa de alarma. Con el estado de alarma, también sería obligatorio el cierre perimetral de los 28 municipios en zona roja, con más de 500 contagios por 100.000 habitantes, como Durango, Lekeitio y Azpeitia. Para los aforos al 50% o el cierre de bares a las 00.00 horas en toda la comunidad, no es necesaria esta herramienta.
Urkullu plantea que las recomendaciones sobre movilidad sean obligatorias para que no queden al albur de la buena voluntad de cada uno, y no descarta confinamientos más "estrictos" si la situación empeora, aunque evitará el cierre total o parar la actividad empresarial. La medida que se vislumbra en el horizonte es la limitación de la "actividad nocturna". Urkullu evitó hablar de toque de queda, pero apostó por impedir la movilidad por la noche salvo en el tránsito al trabajo o por causas de fuerza mayor, como una visita de urgencia a un familiar. La limitación se aplicará por municipios o en toda la CAV.
Además, justificó su decisión de pedir la alarma para todo el Estado en que el riesgo de transmisión comunitaria es general. Lo planteó tras escuchar la declaración institucional de Pedro Sánchez, en la que el presidente español pidió responsabilidad ciudadana y avisó de que llegan meses "muy duros", aunque no llegó a rematar con el anuncio de la alarma.
Urkullu tomó su decisión por la "escalada de casos positivos" y la previsión de que la tendencia se mantenga (una capital, Donostia, está a punto de entrar en zona roja). Existe el riesgo de "transmisión comunitaria" y de que se saturen las camas de los hospitales y las UCI. Por otro lado, reconoció las "limitaciones" para actuar por los tribunales. La decisión se ha comunicado a todas las instituciones vascas presentes en el comité LABI de gestión de la emergencia. El lehendakari había defendido hasta la fecha su apuesta por exprimir la legislación ordinaria y evitar el estado de alarma, en buena medida por el poso recentralizador de ese instrumento, aunque desde la fase 3 el PNV pactó con Sánchez que dejara la aplicación de las medidas en manos de los presidentes autonómicos. Urkullu veía una percha en la declaración de emergencia sanitaria y la ley vasca de gestión de emergencias, pero el tribunal superior vasco ha tomado una decisión contradictoria con la Fiscalía y otros tribunales autonómicos y ha provocado un entuerto sanitario. Urkullu ha decidido dar "toda la prioridad a la defensa de la salud pública" por encima de consideraciones políticas. Las voces de otras comunidades van a dar el empujón a Sánchez para que tome consciencia del problema general en todo el Estado.
Urkullu pide un estado de alarma "cuya gestión quede en manos de las comunidades y de manera coordinada con el Estado". "Hay situaciones más graves que la vasca, pero eso no es consuelo. Existe el riesgo de que los 500 contagios se acaben dando en el conjunto del Estado", alertó.
El presidente español fue el primero en ofrecer la posibilidad de un estado de alarma en todo o parte del territorio si las comunidades lo pedían. Urkullu habló con presidentes de otras comunidades como Pere Aragonès (vicepresident en funciones de president), y envió la copia de su nota a territorios como Nafarroa, La Rioja, Cantabria, Galicia, Comunidad de Madrid, Extremadura y Valencia.
Urkullu no pudo disimular su descontento con la decisión del tribunal superior vasco (la tomó Luis Ángel Garrido, de la sala de lo contencioso, que ya admitió un recurso de los hosteleros). La declaración de alarma hubiera sido un varapalo si fuera impuesta por el Gobierno español con medidas de su cosecha, como le sucedió a la Comunidad de Madrid para obligarla a cerrar el perímetro de una decena de localidades. La situación también sería distinta a la de marzo, cuando Sánchez impuso la alarma de manera unilateral en todo el Estado, para dirigir con mando único los aforos y la movilidad. Urkullu cree que "si para garantizar la salud nos tenemos que acoger a la legislación española, lo que prima es la salud de las personas". No quiere polémicas ni "medallas".
"Se han constatado las limitaciones jurídicas tras el auto del Tribunal Superior de Justicia"
"Si para garantizar la salud debemos acogernos a la legislación española, prima la salud"
Lehendakari
