l lunes 1 de junio el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto Ley 20/2020 que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación de carácter estatal para los hogares más vulnerables cuyo principal objetivo es la reducción de la pobreza extrema pero que algunos sectores políticos y sociales han denostado y combatido. Se trata de una medida social incluida en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos a la que se dio un empujón a raíz de la crisis económica generada por la pandemia y que, pese a las críticas de la oposición parlamentaria, las organizaciones empresariales y los foros más conservadores, fue convalidada diez días más tarde en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra.
El Ingreso Mínimo Vital fue calificado por sus promotores como "un nuevo gran avance del Estado del bienestar", mientras que para sus detractores es una "paguita bolivariana" y "un sueldo Nescafé para toda la vida". Necesario y bienvenido para muchos e insuficiente y desincentivador para otros tantos, el IMV ha nacido -al igual que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Euskadi hace más de 30 años- como "última red de protección" en medio de una fuerte crisis socioeconómica, con una elevada tasa de paro, miles de familias sin ingresos, graves problemas de acceso a la vivienda, colas ante las organizaciones benéficas y de reparto de alimentos y demandas sociales acuciantes.
Con este panorama y ante un amplio espectro de rentas mínimas autonómicas con coberturas, condiciones y duraciones variadas que, con la excepción de las de la CAV y Nafarroa, no han logrado reducir las tasas de pobreza, en pleno estado de alarma el Gobierno español aceleró el diseño de su propio ingreso mínimo. Y es que el texto del Real Decreto Ley ya reconoce que el sistema autonómico de rentas básicas ha fallado: "Se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar. Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas".
Frente a una mayoría de ayudas autonómicas insuficientes, el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales destaca que en Euskadi tres de cada cuatro personas que viven bajo el umbral de la pobreza perciben una renta mínima de inserción: la Renta de Garantía de Ingresos. Mientras que en el conjunto del Estado solo ocho de cada cien personas de las más de ocho millones que están en esta situación la reciben y hay nueve comunidades autónomas en las que ni siquiera la cobra uno de cada diez pobres.
En la génesis del IMV y en las negociaciones y ajustes posteriores con las comunidades autónomas, el modelo de la RGI vasca ha estado muy presente, ya que los equipos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han analizado la experiencia de la prestación vigente en Euskadi desde 1989 para combatir las situaciones de exclusión, así como su aplicación y resultados. La compatibilidad de la ayuda con las rentas del trabajo, las medidas adicionales de inclusión, el complemento para vivienda o la progresividad en función de los miembros de la unidad de convivencia son algunos de los aspectos en los que la RGI ha servido de ejemplo y que se irán desarrollando a medida que el IMV se implante y extienda. Además de realizar esta labor didáctica y de asimilación del modelo de garantía de rentas, el Gobierno Vasco trabajó durante semanas en Madrid para conseguir establecer la compatibilidad, la complementariedad y la gestión única de las rentas vasca y estatal.
Un proceso llevado con suma discreción que se estuvo ultimando esta misma semana con la redacción definitiva de la encomienda de gestión del IMV a Lanbide. Como resultado de esa negociación, Euskadi gestionará, a través de Lanbide, el IMV y evitará duplicar las gestiones o realizar nuevos trámites a las personas que tengan derecho a la prestación. "Insistíamos en el modelo único de gestión -relataba el viceconsejero Marcos Muro sobre las negociaciones con los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- porque no entendemos que las personas que requieren prestaciones destinadas a un mismo fin, que es cubrir las necesidades básicas, tengan que acudir a dos ventanillas diferentes".
Desde la perspectiva vasca, la aprobación del IMV ha generado menores expectativas que en aquellas comunidades autónomas cuyas rentas mínimas son escasas, condicionadas y con restricción temporal, ya que tanto las cuantías como las coberturas sociales de la RGI son superiores a la prestación estatal, que ahora funcionará como ingreso mínimo o suelo, cuya cuantía se complementará desde el presupuesto de Euskadi en todos aquellos casos en los que los perceptores del IMV cumplan también los requisitos de la RGI. Una situación totalmente distinta a la de comunidades autónomas con rentas mínimas similares o inferiores al IMV, cuyos ciudadanos en situación de pobreza y exclusión ahora cuentan con un mecanismo de protección de ámbito estatal y de duración ilimitada.
El plazo para solicitar este ingreso, que oscila entre los 5.538 euros al año para un hogar unipersonal y los 10.070 euros para las familias con hijos, comenzó el pasado día 15 y estuvo precedido por una avalancha de consultas y millones de accesos a la web habilitada como simulador. El objetivo del Gobierno español es que en unos meses a partir de su puesta en marcha el IMV llegue a un total de 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas.
La mayoritaria aceptación social del IMV -en el barómetro del CIS de mayo el 83,4% de la población estaba a favor- y las innegables desigualdades económicas han pesado en la moderación de las críticas que algunas formaciones políticas habían realizado a la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos y en la modulación de posturas parlamentarias, ya que en la votación de convalidación del Real Decreto Ley los diputados de Vox optaron por la abstención en lugar de por el voto en contra que habían mantenido. A pesar de esa abstención, en Vox siguen destacando que el IMV tendrá un fuerte "efecto llamada" de inmigrantes irregulares y que causará la "ruina económica y moral" del Estado.
En el PP también hubo declaraciones contradictorias y posiciones dudosas y, mientras algunos dirigentes populares, como Isabel Díaz Ayuso, calificaban el IMV de "regalo" o herramienta "peronista", otros lo reivindicaban como propio al destacar que esa prestación es similar a las rentas mínimas que los gobiernos autonómicos del PP llevan años gestionando. "Lecciones sobre esta ayuda a las familias sin ingresos no nos van a dar", dijo Pablo Casado a los miembros de su partido cuando debatían el apoyo al Ingreso Mínimo Vital. Y es que, según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el IMV es "la renta básica de inserción o la ayuda familiar" que está a disposición de las personas que lo necesitan en las comunidades gobernadas por el PP como Murcia, Castilla y León o Galicia.
La defensa que ahora hace el PP del IMV por asimilación con las rentas mínimas autonómicas contrasta con la campaña contra la RGI que encabezó Javier Maroto desde la alcaldía de Gasteiz y que retomó como cabeza de lista al Congreso por Araba en las últimas elecciones generales. Durante los últimos años el actual portavoz del PP en el Senado ha insistido en el "fraude" y el "abuso" que, en su opinión, predominan en las ayudas sociales -aseguraba que la RGI era "un coladero"- y ha abogado por el endurecimiento de condiciones y la restricción de prestaciones, generalizando las acusaciones e incidiendo en argumentos coincidentes con Vox.
En Euskadi el IMV funcionará como una prestación 'suelo' que se podrá complementar hasta las cuantías de la RGI
El ingreso mínimo estatal ha creado menor expectación en comunidades como la vasca, donde las coberturas de la RGI son superiores
