Tras el accidente de Fukushima, todas las centrales nucleares de la Unión Europea se sometieron a stress test (pruebas de residencia). Los siete reactores en funcionamiento en el Estado español, también. "Entre 2011 y 2016 se hicieron los stress test, que dieron como consecuencia una serie de inversiones muy grandes en seguridad. En ese ejercicio se instalaron muchos equipos nuevos como bombas portátiles para inyección de agua, equipos de generadores eléctricos también portátiles, se instalaron en las centrales fuentes de agua diferentes, de forma que si se perdía una, se podía tomar agua de una fuente distinta, se construyeron centros alternativos de gestión de la emergencia, porque una de las cosas que se vio en Fukushima es que la sala de control se perdió y no se podía gestionar la emergencia desde ningún sitio", explica Carmen Muñoz, jefa de proyecto de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. "De Fukushima se aprendieron muchas cosas, desde el punto de la ingeniería fue un gran reto", continúa.

Actualmente, en el Estado hay siete reactores en funcionamiento ubicados en cinco emplazamientos: Ascó I y II (Tarragona), Almaraz I y II (Cáceres), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Todos ellos comenzaron a operar entre 1981 y 1988, por lo que entre este año y 2018 cumplirán 40 años, el tiempo de diseño para el que fueron creados. Sin embargo, el Gobierno español ha decidido prolongar el cierre nuclear hasta 2035 y conceder una última ampliación de licencia a todos ellos.

"El acuerdo se alcanzó hace dos años entre los operadores nucleares en España -Iberdrola, Endesa y Naturgy- y el Gobierno español, amparados por la empresa nacional de residuos radiactivos. El acuerdo establece que las centrales nucleares van a empezar a cerrar a partir de 2027-2028. Las primeras serían Almaraz I y II y la última, en 2035, Trillo. En función de ese pacto se está dando la ampliación de licencias", asegura Raquel Montón, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

Para Montón, este acuerdo es "grave" porque "están sobrepasando el tiempo de vida de diseño, es decir, el tiempo para el que fueron diseñadas". Sin embargo, Muñoz sostiene que "las centrales han tenido un muy buen mantenimiento durante los años que han estado en funcionamiento".

"Se hacen pruebas exhaustivas, se hacen programas de reemplazo de equipos, y esto les ha permitido entrar más allá de la vida para la que estaban diseñadas. La central se diseñó con una previsión de envejecimiento de 40 años y se ha visto que ese envejecimiento no es tal, eso nos ha dado un margen para poder funcionar. Y, además, tenemos las experiencias internacionales. En Estados Unidos, algunas centrales llevan 70 años funcionando", sostiene la jefa de proyecto de la central nuclear de Ascó.

INFORME DE GREENPEACE

Con motivo del décimo aniversario del accidente nuclear de Fukushima, Greenpeace ha publicado un informe en el que analiza 11 centrales nucleares en nueve países europeos, entre las que se encuentra Almaraz. Y su conclusión es que la central española no cumple con todas las medidas de seguridad.

"El desastre de Fukushima destapó graves déficits de los conceptos y niveles de seguridad nuclear en las centrales, tales como la vulnerabilidad frente a sucesos naturales o ante la pérdida de suministro de energía y la escasa capacidad para prevenir la dispersión de las emisiones radiactivas durante un accidente grave con fusión del núcleo", sostiene el informe.

"En Europa, se llevaron a cabo pruebas de resistencia para trata de mejorar estos déficits, aunque ya de entrada no cubrían las deficiencias de diseño de las plantas más antiguas, tal y como ocurre con el parque nuclear español. Estas pruebas identificaron directrices y recomendaciones claras; sin embargo, las autoridades responsables han permitido que las centrales nucleares sigan funcionando sin haber implementado esas mejoras durante esta última década e, incluso, algunas de ellas, sin que lo hagan en el futuro", continúa.

En el caso de Almaraz, el informe señala que "pese a no haber realizado los reajustes derivados de las recomendaciones sobre la evaluación de los peligros sísmicos, la central continuará funcionando hasta 2028". "El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estableció medidas de mejora derivadas de las pruebas de resistencia, pero en 2014 aceptó un retraso en la evaluación de los peligros sísmicos e inundables; todavía hoy, la evaluación del peligro sísmico aún no se ha completado. Debería finalizarse en 2021 y será a partir de entonces cuando se podrá comenzar la planificación y el posterior reajuste real de la central nuclear", especifica.

Pero no es la única crítica. Señala también que "las debilidades de diseño ante un corte de suministro de energía se han solventado con equipos móviles". "Las medidas para hacer frente a los accidentes graves se basan en la nueva solución mágica, los equipos móviles, que son baratos y fáciles de implementar, pero que, en condiciones de accidentes graves, es muy poco probable que puedan funcionar", explica Montón.

La responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace lo tiene claro: "En España, la seguridad nuclear continúa en manos de las empresas propietarias de las centrales nucleares y del CSN. Mientras los propietarios se han dedicado a tratar de evitar la implementación de medidas e, incluso, han forzado a que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares como en el caso de Almaraz, caminamos en dirección contraria a la seguridad y nos dirigimos hacia una nueva etapa de riesgo".

Greenpeace plantea, en cambio, el desmantelamiento de todas las centrales nucleares en el Estado. "No necesitamos las centrales nucleares para asegurar el suministro eléctrico, no tenemos ninguna necesidad de asumir este riesgo", sostiene Montón. "Un accidente nuclear comienza y no acaba, por ejemplo, hasta 300 años después que el cesio cae del todo y se desintegra. Otros componentes radiactivos duran todavía más", advierte.