gasteiz - La nueva versión de la Ley de abusos policiales, cuyo articulado reformado trata de dejar fuera de toda duda su inhibición a la hora de buscar responsabilidades o victimarios para centrarse en el reconocimiento de las víctimas, logró ayer traspasar las puertas del Parlamento Vasco e iniciar su tramitación con un posicionamiento de los partidos que garantiza, al menor a priori, que completará su recorrido en la Cámara de Gasteiz.

Solo el PP se opuso a la tramitación de la norma reelaborada por PNV y PSE a raíz del acuerdo alcanzado el 23 de julio entre el Gobierno Vasco y el español, tras la llegada del PSOE al poder, y que propició la retirada del recurso interpuesto anteriomente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Elkarrekin Podemos votó a favor de tramitar la norma y EH Bildu se abstuvo, pues considera la formación soberanista que una ley “menguante”, a juicio del parlamentario Julen Arzuaga, es mejor que carecer de norma alguna para reconocer a los afectados por la violencia policial. “Habrá torturados, pero no torturadores”, lamentó.

Tanto el partido abertzale como Elkarrekin Podemos introducirán enmiendas al articulado en el trámite que ahora comienza, pero en todo caso las dos formaciones dejaron claro que no impedirán su aprobación. El PP, por su parte, que ayer presentó su voto negativo como “una enmienda a la totalidad” de un texto que considera deficiente desde el punto de visita jurídico, en palabras del parlamentario Carmelo Barrio, no amenazó sin embargo con un nuevo recurso ante el Constitucional que podría complicar de nuevo el tortuoso camino de esta norma hacia la aprobación.

Corre prisa, en todo caso, su tramitación y votación definitiva y por ello se ha optado por el trámite de urgencia, pues aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado su recurso, el TC aún no se ha pronunciado, el pleito sigue vivo, por tanto, y un fallo que considere insuficiente la reforma presentada ayer en el Parlamento Vasco podría paralizar de nuevo el proceso. Tiene en contra además a sindicatos de policía y a algunas asociaciones de víctimas que el miércoles se manifestaron en Bilbao, aunque en este caso no tienen la capacidad de acudir al TC que sí se otorga a los partidos a través de sus grupos en el Congreso y el Senado.

PNV y PSE consideran, de todos modos, que los cambios introducidos en la norma dejan más claro que antes que la comisión de valoración que contempla el texto se limitará a investigar para probar la condición de víctima de quien pretenda ser declarado como tal, sin entrar en la búsqueda de responsabilidades penales o administrativas, tarea que, como argumenta el PP, corresponde exclusivamente a los tribunales.

El objetivo de la comisión, enfatizó la socialista Idoia Mendia, es aportar “seguridad jurídica” mediante la acreditación de las víctimas como tales. “Es algo tan serio como sacar del olvido a personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos”, dijo Mendia, convencida de que “el Estado de derecho debe depurar sus propios errores”.

En la misma línea se pronunciaba el jeltzale Iñigo Iturrate, quien recalcó que, aunque “las garantías ya estaban presentes” en la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999 aprobada en 2016, ahora la tarea de la comisión de valoración queda “claramente diferenciada de la búsqueda de responsabilidades” para centrarse en la labor “administrativa y asistencial”. Desde Elkarrekin Podemos, Pili Zabala afirmó que “aunque se queda corta, es una ley, algo que hasta ahora no teníamos” en Euskadi, cuya sociedad e instituciones “están en deuda con estas víctimas”.

los cambios En concreto, la modificación de la ley afecta al artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, donde se explicita que la acreditación de delitos no podrá obviar lo ya resuelto por la jurisdicción penal. Además, en el artículo 4, referente a los principios de actuación, se modifican expresiones de los preceptos “para que no sea posible ninguna intromisión en la esfera individual de las personas que pudieran verse relacionadas con los expedientes que se tramiten”, explicó ayer Iñigo Iturrate. La idea es preservar la jurisdicción penal en la investigación de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito.

En el artículo 7, que trata sobre el derecho a la verdad, se han cambiado las previsiones sobre la colaboración de los poderes públicos de Euskadi con los órganos del Gobierno Vasco encargados de gestionar el día a día en la aplicación de la ley. Dicha colaboración se circunscribe ahora a resolver los expedientes administrativos para evitar invasiones en las competencias de la Justicia.

En el artículo 14, relativo a la instrucción, se suprime la referencia a las actuaciones de oficio de la comisión de valoración con el fin de salvaguardar los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de datos; y de nuevo de inhibirse en el esclarecimiento de los hechos. Por último, se ha suprimido la Disposición Adicional Sexta de la ley, donde se hacía referencia a la “culpabilidad” de los responsables de los abusos.