Londres - La libre circulación de personas procedentes de la Unión Europea debería terminar después del Brexit y el Reino Unido debería adoptar el actual sistema migratorio canadiense para que no haya un acceso preferencial al mercado laboral británico para los ciudadanos de ningún país, según un informe del comité asesor de migración del Gobierno (MAC, por sus siglas en inglés), en el que asegura que solo se debería dar visados a los trabajadores “más cualificados”.

El informe de 140 páginas fue encargado, en 2017, por la entonces ministra del Interior Amber Rudd para analizar el impacto del Brexit en la inmigración después del período de implementación, que se espera comience el 1 de enero de 2021, y tras más de un año entrevistando a más de 400 empresas, organismos industriales y departamentos gubernamentales, el grupo de expertos ha publicado un documento con 14 propuestas. El informe llama a que los ciudadanos europeos no reciban un trato preferencial después del Brexit, pidiendo que se implante un umbral salarial de 30.000 libras anuales (unos 34.000 euros). En concreto, pide favorecer a los trabajadores más cualificados sobre los menos cualificados, a excepción de los del sector agrícola. La prioridad se daría a profesionales como geofísicos, ingenieros de minas, diseñadores de juegos, expertos en seguridad cibernética, consultores de medicina de emergencia y pediatras.

“Recomendamos pasar a un sistema en el que toda la migración se gestione sin acceso preferente a los ciudadanos de la UE”, sostiene el MAC en su informe. Y, según el comité, esto solo sería posible si la política de inmigración no estuviera incluida en el acuerdo de Reino Unido sobre su futura relación con la UE. Respecto al mundo académico, el comité señala que no debería haber un tope para el número de estudiantes internacionales ya que “aportan claros beneficios a todo el Reino Unido”. En cualquier caso, puntualiza que si el Ejecutivo está decidido a reducir la migración neta por debajo de los 100.000, los estudiantes no deberían estar excluidos.

Los líderes empresariales criticaron rápidamente el informe tachando la propuesta de “ignorante y elitista” para los trabajadores extranjeros que ganen menos de 30.000 libras anuales. Además, las organizaciones que representan a los transportistas, el sector de la construcción y la hostelería dieron la voz de alarma.

En este caso, el director ejecutivo de Road Haulage Association, que representa a 7.000 transportistas, Richard Burnett puntualizó que Londres necesita una política de inmigración “a todos los niveles” y tratar el asunto en base a lo que necesitan las empresas. De hecho, de no hacerse así, Brian Berry, director ejecutivo de la Federación de Constructores Maestros, advirtió de que su industria quedaría paralizada. Desde la Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés), creen que el documento no puede ser una hoja de ruta para la aplicación de un nuevo sistema migratorio y piden que Londres lo haga englobado en los acuerdos comerciales que se puedan lograr después del Brexit. “Si el gobierno tiene la intención de implementar un sistema global, el acceso preferencial para los países donde el Reino Unido tiene acuerdos comerciales será esencial para proporcionar la base de un sistema abierto y controlado que pueda funcionar para la economía del Reino Unido”, destacó Matthew Fell, director de políticas del CBI.

Falsas creencias Según el presidente del Comité Asesor de Migración, el profesor Alan Manning, la caída en el valor de la libra desde que se celebró el referéndum de 2016 tuvo más efecto en los precios y los salarios que toda la migración procedente de la UE desde 2004. En la misma línea, destaca que, en gran medida, la migración no hace bajar los salarios, como tampoco ha incrementado los precios de la vivienda. Echa por la borda los argumentos de los Brexiters que destacan que los europeos reciben ayudas sociales y destaca que los migrantes pagan más en impuestos de lo que reciben en ayudas. En áreas como la educación, expone que “no hay evidencia de que la población migrante reduzca la elección de los padres” a la hora de escoger plaza para sus hijos.

En el caso del crimen, la migración no tiene impacto alguno y no hay ningún tipo de evidencia que sugiera que los inmigrantes estén relacionados con el aumento del crimen en Inglaterra y Gales. Sin embargo, no ve necesidad de planes especiales de contratación de inmigrantes europeos fuera de la agricultura y aboga por que los trabajadores poco cualificados vengan al Reino Unido a través de programas específicos para jóvenes.

La promesa clave de los conservadores de mantener la migración neta por debajo de las 100.000 personas al año fue calificada como un “objetivo político” y no como una política de inmigración. El ex primer ministro David Cameron hizo la promesa en 2010 de que la migración neta debería ser inferior a esa cifra y es repetido por su sucesora, Theresa May. Por el momento, las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística muestran que actualmente se sitúa en 244.000. Los responsables de la elaboración del documento no encontraron pruebas de que los inmigrantes de la UE hayan reducido las oportunidades de empleo para los trabajadores nacidos en el Reino Unido y destacan que las personas del bloque común en suelo británico hacen una mayor contribución de la que reciben, tanto en términos de dinero como de trabajo, al sistema público sanitario y que no hay evidencia de que la inmigración haya reducido la calidad de la atención médica.

Inmigración neta. Los conservadores se han puesto como objetivo que la inmigración neta se mantenga por debajo de las 100.000 personas.

Cifras actuales. Las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística muestran que, actualmente, la cifra de inmigrantes se sitúa en 244.000.

Umbral salarial. El documento pide que se implante un umbral salarial de 30.000 libras anuales (unos 34.000 euros).