madrid - En el tira y afloja que han mantenido durante la presente legislatura los gobiernos vasco y español, uno de los puntos calientes ha sido la readecuación de los efectivos de la Policía española y la Guardia Civil desplegados en Euskadi al nuevo tiempo sin violencia de ETA. Se trata de una reivindicación en la que ha insistido el gabinete de Iñigo Urkullu pero que se ha topado con el muro inflexible de su homólogo en Madrid. Con la actual estancia de Mariano Rajoy en La Moncloa a punto de expirar por la celebración de elecciones generales a la vuelta del verano, desde el Ejecutivo vasco dan prácticamente por descartado que sus demandas sean atendidas. La coincidencia el pasado 27 de junio en Madrid del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en un acto de homenaje a las víctimas sin que se produjera un acercamiento en este sentido es buena prueba de ello.

Sin embargo, tal y como ha desvelado el Ejecutivo del PP a través de varias respuestas en el Congreso, ya se ha producido una cierta readecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en la CAV desde el cese definitivo de la actividad de ETA anunciado en octubre de 2011. En concreto, Policía Nacional y Guardia Civil han visto reducidos sus efectivos en 465 agentes en estos más de tres años y medio. Pese a ello, desde el Ministerio del Interior rechazaron que ese repliegue (muy testimonial, en cualquier caso, porque mantienen 4.120 efectivos) se enmarque en la lucha antiterrorista y que responda a la ausencia de atentados. Fuentes del área dirigida por Fernández Díaz aseguraron a DNA que la reducción “obedece a una redistribución estratégica de efectivos policiales por motivos de seguridad”.

Las fuentes consultadas agregaron que este movimiento de agentes se ha producido “tal y como se viene haciendo en el País Vasco y en otras Comunidades Autónomas”, lo que daría peso a razones meramente administrativas. Preguntados, no obstante, por la relación de esa reducción de efectivos con la lucha antiterrorista, se limitaron a indicar que “sigue habiendo operaciones antiterroristas en el País Vasco”. Este hecho ha sido especialmente visible a lo largo de este año con las operaciones llevadas a cabo en enero y marzo contra el denominado frente de cárceles de ETA.

En sus respuestas parlamentarias al Grupo Socialista, el Gobierno español detalla que los 1.531 agentes que la Policía Nacional tenía desplegados en la CAV a finales de 2011 se han reducido en 115, lo que supone 1.416 en el primer trimestre de este año. En el caso de la Guardia Civil, se ha pasado de 3.054 a 2.704 efectivos en el mismo periodo, 350 menos. “Sin novedad en el frente”, se limitaron a valorar desde el Departamento de Seguridad respecto a unos cambios que están muy lejos de su reclamación de abordar la adecuación de las FSE en la Junta de Seguridad, el órgano de coordinación en el que se sienta junto al Ministerio del Interior. La última vez que se reunió este foro de carácter extraordinario fue en junio de 2012, con el PSE en el DNA. De hecho, durante la pasada legislatura en Euskadi tan solo se convocó en dos ocasiones, la primera de ellas con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.

Fuentes de la consejería enmarcaron el hecho de que Madrid se siga agarrando al argumento de la lucha antiterrorista en el Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta que el Gobierno español aprobó en enero, y que tiene en la lucha contra el yihadismo una de sus principales líneas de actuación. Desde Seguridad agregaron que “no ha habido ninguna comunicación ni explicación de esa bajada de efectivos por parte del ministerio” y consideraron “difícil que se produzca algún movimiento a la vuelta del verano” por la cercanía de los comicios generales. “En la lista de gestos al Gobierno Vasco que podrían realizar, esta cuestión no está en cabeza”, valoraron.

En la reivindicación del Ejecutivo vasco de una presencia más ajustada de las FSE se conjugan tanto una cuestión económica -se estima que el despliegue de más de 4.000 policías y guardias civiles en la CAV cuesta al erario público 500 millones de euros- y de optimización del servicio como la asunción por parte de la Ertzaintza de todas las competencias que le atribuye el Estatuto de Gernika como policía integral. Se da la circunstancia de que, después de alcanzar a principios de marzo de 2012 la cifra de 8.080 er-tzainas -superando por primera vez el tope de 8.000 agentes establecido por la Junta de Seguridad-, la Policía vasca disponía a fecha del pasado 6 de mayo de 7.734 funcionarios, según se refleja en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialistas Vascos. Pese a la concatenación de dos promociones en la Academia de Arkaute, la previsión de jubilaciones y bajas dificulta que la Ertzain-tza regrese a corto plazo al techo de 8.000 agentes.

Por territorios A nivel territorial, la mayor disminución de agentes de la Guardia Civil en la CAV se ha producido en Gipuzkoa, con 137 efectivos menos que a finales de 2011, mientras que en Bizkaia se han reducido 83 puestos y en Araba 56. Según el Gobierno español, este cuerpo disponía el pasado 28 de febrero de 530 agentes en Araba, 1.214 en Bizkaia y 960 en Gipuzkoa, lo que sumaba 2.704 agentes trabajando en el País Vasco, 350 menos que los 3.054 que había el 30 de octubre de 2011.

En lo que respecta a la Policía Nacional, Gipuzkoa ha pasado de 533 efectivos en noviembre de 2011 a 488 en marzo de este año -45 agentes menos-, Bizkaia ha sufrido una reducción de 36 agentes -ha pasado de 657 a 621 en el mismo periodo- y en Araba hay 34 policías desplegados menos -de contar con 341 se ha quedado en 307-. A fecha del 31 de marzo de 2015, estaban destinados en la CAV 1.416 efectivos de este cuerpo, lo que supone una reducción de 115 agentes si se compara con los 1.531 de noviembre de 2011.