- El Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) rechazó ayer que el rapero balear Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, sea entregado a las autoridades españolas por un delito de injurias a la corona, en un fallo que reproduce la decisión ya tomada en un primer juicio pero que el Tribunal de Casación belga obligó a repetir.

“El tribunal de Apelación ha establecido por segunda vez que los insultos al monarca de España no son un crimen en Bélgica. La decisión de no extraditar se ha vuelto a confirmar en Gante, pese al fallo de Casación de Bruselas”, informó el abogado del cantante, Simon Bekaert, tras una vista que duró solo unos minutos.

Con una nueva composición, el tribunal analizó si la ley belga es aplicable al delito de injurias a la Corona, como ordenó Casación, que no estimó el recurso sobre rechazar la entrega por el delito de amenazas y el enaltecimiento de terrorismo como solicita España.

“Casación no dijo que tuviera que extraditar, sino examinar si los hechos son imputables a un crimen normal de injurias. Ahora el tribunal ha evaluado esto en más detalle y ha decidido que esta hipótesis tampoco es un crimen”, explicó Bekaert. Poco después de hacerse pública la sentencia, la fiscalía de este país se pronunciaba al respecto con rotundidad: “El fiscal ha decidido no recurrir”, comunicó el ministerio fiscal, lo que supone que la euroorden emitida por España queda archivada y, por tanto, Bélgica no va a entregar al cantante, que se mostró feliz. “Hoy era un día duro porque no sabíamos que podía pasar, decidimos venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final, ya está”, aseguró el músico balear, visiblemente emocionado en sus declaraciones a la prensa. Tras el fallo de la justicia belga, Valtònyc se presentó como un luchador por la libertad de expresión e indicó que ahora “es el momento de hacer política”. “Es el momento de reivindicar que toda la gente que ha sufrido esto en España lo deje de sufrir, que Pablo Hasel salga de la cárcel y seguir haciendo militancia política”, subrayó.

El rapero se exilió en 2018 en Bélgica parar evitar el ingreso en prisión en el Estado español, donde fue condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona, tras lo que las autoridades españolas dictaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). El proceso judicial se prolonga desde 2019 cuando la entrega del mallorquín fue rechazada por un juzgado de primera instancia belga, una decisión que el Tribunal de Gante confirmó en diciembre del pasado año. Sin embargo, en enero de este año el Tribunal de Casación ordenó reexaminar la cuestión de los insultos al monarca, uno de los delitos por los que España reclamaba la entrega del cantante, condenado además en Madrid por amenazas y enaltecimiento del terrorismo. En su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que algunos de los temas comprendidos en sus discos tienen un “indudable contenido laudatorio” de las organizaciones terroristas ETA y Grapo, que justifican e incitan a la reiteración de las acciones violentas.

Desde la platea política, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, celebró la decisión de la Justicia belga y aprovechó para reclamar al PSOE que deje de bloquear la ley la proposición de ley presentada por su grupo para despenalizar los delitos de opinión dado que “rapear no es delito”.

En este sentido, dijo que los reyes, en referencia a Juan Carlos I, “pueden meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía y campar por España, pero si los raperos cantan canciones criticándolo se deben ir al exilio”. O ingresar “en la cárcel”, añadió en alusión a también músico Pablo Hasél, este sí preso en España.

“Ahora es el momento de hacer política. De que Pablo Hasél salga de la cárcel, de seguir haciendo militancia”

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