BRUSELAS. Cuando Google cerró el viernes sus oficinas tras el anuncio ese mismo día por parte de su consejero delegado, Larry Page, de la introducción en Europa de un formulario en línea que permite a los usuarios ejercer el "derecho al olvido" en la red, ya tenía en sus buzones de entrada más de 12.000 peticiones.
Hubo ciertos momentos a lo largo de esa jornada en los que el gigante estadounidense de internet recibió de media unas 20 solicitudes por minuto, según las mismas fuentes.
Google ha lanzado el formulario en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que reconoció el derecho de los ciudadanos a ser "olvidados" en internet, es decir, a poder reclamar a éste y a otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
Para implementar esta decisión -motivada por el caso de un residente en Galicia, Mario Costeja- Google evaluará cada solicitud de forma individual e intentará buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información, según el buscador.
En concreto, examinará si los resultados incluyen información obsoleta sobre el solicitante, así como si existe interés público por esa información; por ejemplo información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno.
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, se mostró el viernes satisfecha con esta iniciativa, pero advirtió de que tendrá que "estudiar cómo funciona ese formulario en la práctica", en declaraciones a Efe.
Ante la complejidad del proceso, Google ha designado un comité de expertos, entre los que figuran el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) José Luis Piñar; Jimmy Wales, fundador de Wikipedia; Frank La Rue, Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, o Luciano Floridi, profesor de Filosofía y Ética de la información en la Universidad de Oxford.
Actualmente el cauce legal para las reclamaciones de borrado de datos, y que seguirá vigente porque el formulario es sólo complementario, se inicia con el envío de las quejas directamente a la sede de Google, u otro buscador, en el país pertinente.
En España, se cuenta con diez días para responder a quien reclama en caso de derecho de cancelación de datos, de cuyo tratamiento Google es responsable, según la sentencia.
En caso de no responder en ese tiempo, el ciudadano reclamará ante la Agencia de Protección de Datos, que tomará las medidas pertinentes.
