- El nuevo plan migratorio y de asilo que la Comisión Europea presentará el próximo miércoles es la oportunidad de resolver un problema que divide desde hace años a la Unión Europea, entre los países de entrada de los flujos, que se sienten abandonados, y los que se niegan a acoger a solicitantes de asilo.

Lejos ha quedado la crisis migratoria de 2015, cuando llegaron a la Unión Europea casi 1,9 millones de migrantes, muchos huyendo de la guerra en Siria, y aunque el número de entradas ahora es muy inferior, 139.000 irregulares el año pasado según Frontex, el problema de la gestión migratoria en el bloque comunitario sigue generando tensiones.

Las imágenes del incendio la pasada semana del campamento de refugiados en Moria (Grecia), construido para 3.000 inmigrantes pero que albergaba a 12.000, recuerdan lo urgente que es para la UE encontrar una solución que ponga fin a las emergencias, que ahora se resuelven caso por caso, siempre con grandes dificultades.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo la pasada semana que el nuevo plan de Bruselas "abolirá el Reglamento de Dublín", la normativa que carga a los países del sur con el grueso de la responsabilidad, al establecer que es el Estado miembro de entrada el que debe hacerse cargo de las peticiones de asilo de los migrantes.

Las grandes líneas del plan consistirán en reforzar y proteger las fronteras exteriores, combatir las mafias, impulsar los retornos y crear vías legales de entrada.

No se conocen sin embargo los detalles de la propuesta, de qué manera la Comisión pretende dar con un régimen más equilibrado y que pueda ser aceptado por todos, pero hay grandes expectativas sobre ese esperado plan.

Carmen González, del Real Instituto Elcano, explica que hay varios factores que podrían hacer más fácil encontrar una solución en esta ocasión. Por un lado, la reacción de la UE en los primeros meses de pandemia de coronavirus, y en particular el plan para la recuperación económica, ha llevado al "renacimiento del sentimiento europeo" y a la impresión de que en tiempos de crisis "necesitamos más Europa", también en la política migratoria.

Además, pese a que las cifras de llegadas son ahora muy inferiores a las de 2015, existe el riesgo de que la situación se salga de control y vuelvan a producirse nuevos flujos si no se resuelve el conflicto territorial en el Mediterráneo oriental, entre Turquía, Grecia y Chipre, que podría hacer saltar por los aires el acuerdo migratorio entre los Veintisiete y Ankara. Los Estados miembros "son conscientes" de esa situación y ello puede llevar a muchos a aceptar "un reparto más solidario", considera esta experta.

También para Stefani Weiss, del Bertelsmann Stiftung, hay más posibilidades ahora de llegar a un acuerdo, ya que "hay una creciente concienciación entre los Estados miembros de que campamentos de refugiados como Moria dañan la credibilidad de la UE, tanto a nivel interno como externo". "La segunda cuestión es si una solución, que todos los Estados miembros podrán acordar, será humana", explica la misma experta, que confía en que la UE no opte por trasladar al exterior el problema, con la creación de campamentos para solicitantes de asilo en terceros países.

Para Weiss, la "aún enorme oposición a una cuota de reparto obligatoria para la recepción de refugiados entre los Estados miembros" llevará a Bruselas a descartar esa opción y a dar en su lugar prioridad a evitar que entren en la UE quienes no tienen posibilidades de lograr una protección internacional.

Weiss cree además que el "mecanismo de solidaridad obligatoria" del que habla la Comisión, permitirá a los países de Visegrado -Polonia, República Checa y Eslovaquia- que encabezan la oposición a acoger refugiados, implicarse de otra manera en los esfuerzos. "Hungría podría contabilizar su gasto en la valla fronteriza como una contribución a la solidaridad", augura esta experta.

Según la Comisión Europea, cada año entre 400.000 y 500.000 extranjeros reciben la orden de abandonar la UE por haber accedido o permanecer en territorio europeo de manera irregular, pero solo el 40% son devueltos a su país de origen o al lugar desde donde viajaron a la UE. "Los retornos son difíciles de lograr en muchos casos porque hace falta un acuerdo con el país de origen o de paso, que a menudo recibe poco a cambio de ese esfuerzo y muchas veces tiene interés en facilitar las salidas", señala González, que añade que la UE debe implicarse más para lograr mayor cooperación con terceros países.