El último informe de Ikuspegi (Observatorio Vasco de Inmigración) revela una sociedad vasca cada vez más sensibilizada ante la diversidad, en términos de origen, creencias religiosas, pautas culturales, capacidades, orientación sexual e identidad de género. La encuesta realizada el año pasado a 1.200 personas amplía la línea de análisis del estudio de 2020 sobre actitudes frente a la discriminación en Euskadi. Entre las conclusiones destaca un dato revelador: el 76,9% de los participantes afirma preferir una sociedad plural, donde convivan personas de diferentes procedencias y creencias.
En 2022, era el 83,9%. Sin embargo, este dato no refleja fielmente la opinión de los vascos ya que ese año la encuesta coincidió con la guerra de Ucrania y la crisis humanitaria que esta generó, lo que hizo que más personas se mostraran favor de vivir en una sociedad plural e inclusiva.
Convivencia religiosa
Uno de los aspectos más destacados del barómetro es la percepción que tienen los vascos sobre la convivencia con personas de diferentes religiones. Casi la mitad de la población (49,6%) considera que hay una presencia significativa de creyentes de religiones minoritarias en Euskadi, y un 50,8% valora positivamente su presencia. No obstante, el 43,8% se muestra indiferente, lo que refleja que, aunque no existe una oposición abierta, el tema no ocupa un lugar central sus preocupaciones cotidianas.
Este distanciamiento también se refleja en las relaciones personales. Solo el 24,1% de la población tiene amigos o conocidos que profesan religiones diferentes a la propia, mientras que un 75,9% carece de contactos cercanos de otras religiones.
Más allá de la religión, esta desconexión social se extiende a otros colectivos vulnerables. Un 75,2% de los vascos no conoce a ninguna persona trans, y el 64,7% no tiene contacto con personas gitanas. La falta de interacción con minorías, ya sea intencionada o no, puede alimentar prejuicios y estereotipos, dificultando la creación de una sociedad inclusiva. Así, a pesar de valorar positivamente la diversidad, ésta se convierte en un concepto abstracto para muchos, sin un reflejo claro en la realidad cotidiana.
Por otro lado, aunque la mayoría de los vascos se declara a favor de la diversidad religiosa, persisten actitudes discriminatorias hacia ciertas comunidades. Las religiones musulmana y evangélica, así como las comunidades gitanas, continúan enfrentándose a altos niveles de rechazo e incomodidad.
Así, el 27,4% de los encuestados evitaría que su hijo mantuviera una relación sentimental con una persona musulmana, y el 25,7% se sentiría incómodo si fuera con un testigo de Jehová. Estas cifras revelan la existencia de prejuicios latentes que, aunque no siempre se manifiesten en acciones directas de discriminación, obstaculizan la integración plena de estas comunidades.
Este rechazo también se refleja en el ámbito laboral y residencial. Mientras que el 68,8% de los vascos contrataría a una persona gitana, un 27% evitaría hacerlo. Este porcentaje es especialmente preocupante si se compara con la predisposición a contratar a personas de otras religiones minoritarias o colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o de orientación sexual no heterosexual, que superan el 80% de aceptación. En el ámbito residencial, la situación es aún más alarmante: un 44,5% de los encuestados no alquilaría una vivienda a una persona gitana.
La educación, sector clave
La mayoría de los vascos apoya la inclusión de contenidos relacionados con la discapacidad y la diversidad funcional en las escuelas (91,4%) y también respalda la enseñanza sobre diversidad sexual y de género (80%). Sin embargo, cuando se trata de la diversidad religiosa, el apoyo disminuye considerablemente: solo un 62,5% está a favor de que la religión forme parte del currículo escolar.
Este dato revela una cierta resistencia al tratamiento de la religión en las aulas. ¿A qué es debido? Para algunos, la religión sigue siendo un tema privado que no debería formar parte del currículo escolar, al menos de manera obligatoria. Sin embargo, esta postura puede impedir que se conozcan mejor otro tipo de creencias religiosas que coexisten en Euskadi.
A pesar del discurso inclusivo que predomina en muchos sectores, el informe de Ikuspegi deja claro que la discriminación sigue siendo una realidad palpable. Así, el 71,4% de los encuestados cree que la discriminación contra las personas gitanas está bastante extendida. Le siguen la discriminación por origen étnico (53,2%), la que sufren las personas racializadas (51,3%), ser una persona trans (50,4 %) y tener algún tipo de enfermedad mental (49,3 %).
Sin embargo, solo el 19,5% de los encuestados considera que la discriminación por creencias religiosas es común, mientras que el 32,9 % piensa que es muy raro que se dé y un 20% afirma que no existe. Esto podría interpretarse como un dato positivo, pero también podría ser reflejo del desconocimiento que existe en torno a la situación real de las minorías religiosas en la CAV.
Por otro lado, aunque la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que la discriminación es un problema importante, un 17,3% no opina lo mismo. Precisamente, el trabajo es uno de los ámbitos donde la discriminación se percibe con más fuerza: el 79,6% de los vascos cree que no se da el mismo trato a todas las personas a la hora de acceder a un empleo. A nivel residencial, la percepción de trato desigual es del 75,3%, mientras que en el acceso a servicios públicos, un 55,6% de los encuestados considera que existen diferencias de trato según el origen o la religión de las personas.
El papel de las instituciones
Si bien el 70,7 % de los vascos cree que las instituciones hacen lo suficiente para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, cultura o religión, puedan practicar su fe libremente, aún existe un porcentaje importante de personas (21,5 %) que opina que se podría hacer más en este ámbito.
En áreas como la violencia machista, la percepción es más crítica: un 54 % de los encuestados considera que los esfuerzos son insuficientes. Del mismo modo, cerca del 40 % opina que no se están tomando suficientes medidas para combatir la discriminación por edad. En cambio, alrededor de la mitad de la población valora positivamente las políticas para la inclusión de personas gitanas y trans. Además, entre el 55 % y el 60 % de los ciudadanos cree que las acciones para integrar a personas con discapacidad, garantizar la igualdad de género, evitar la discriminación a personas LGB y fomentar la plena inclusión de inmigrantes son satisfactorias.
Aunque según los datos del estudio ha habido avances destacados, aún queda un camino importante por recorrer para lograr la plena inclusión. Para ello, es necesario seguir educando, sensibilizando y promoviendo políticas que no solo toleren, sino que celebren la diversidad en todas sus formas.