El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha condenado este miércoles a J.T.G. a la pena de dos años de prisión por un delito de intrusismo profesional al ejercer de manera ilegal como veterinario.
El condenado, que carece de la titulación requerida para las labores propias de la profesión veterinaria, realizó de manera continuada en el tiempo, aproximadamente desde 2018, diversas actuaciones reservadas a dicha profesión, ha expuesto el Colegio de Veterinarios de Cáceres en una nota.
En concreto, esta persona desarrolló actividades tales como la administración de vacunas antirrábicas a varios animales de especie canina, diagnósticos clínicos, la desparasitación de animales e inoculación de vacunas, firmando formularios de identificación canina.
Durante el periodo en el que el condenado suplantó la condición de veterinario también tramitó los correspondientes documentos sanitarios oficiales a animales de compañía, comprando medicamentos de uso exclusivo veterinario y atribuyéndose fraudulentamente un número de colegiado del Colegio de Veterinarios de Cáceres, así como emitiendo certificados veterinarios varios.
El Colegio de Veterinarios de Cáceres ha actuado como acusación particular en el proceso judicial penal, ostentando la dirección letrada los Abogados Juan Ramón Corvillo y Máximo Díaz, de la firma cacereña Corvillo Abogados SLP.
Una de las condenas más altas en el Estado
A la condena penal emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, de dos años de prisión, también se le han sumado las costas legales originadas durante el procedimiento.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, ha destacado la importancia de la sentencia, pues se trata de una de las condenas más altas conseguidas por intrusismo profesional a nivel estatal.
Asimismo, la entidad ha instado a todos los ciudadanos a poner en conocimiento del Colegio la realización de cualquier acto que pudiera ser constitutivo de usurpación de funciones.
El ejercicio de la veterinaria se engloba en el ámbito sanitario, por tanto este tipo de infracciones pueden suponer un riesgo para la salud y bienestar animal, la salud medioambiental y la salud pública, ha señalado.
