El fuerte impacto de la pandemia de covid en las residencias de personas mayores ha evidenciado la necesidad de mejorar la gestión y organización de estos centros. Es por ello que la Dirección de Servicios Sociales y la consejera Nerea Melgosa han firmado ya la modificación del decreto de centros residenciales que introduce sensibles mejoras.
También refuerza la atención sociosanitaria para los usuarios de los 300 equipamientos de este tipo que existen en Euskadi. Así, por ejemplo, se propone incrementar un 15% los ratios de personal para ofrecer atención directa, que los centros no superen las 150 plazas, o mejorar ostensiblemente las instalaciones.
Sin embargo, hay que señalar que esta firma no supone la aprobación del documento, aunque avanza en esta dirección ya que hasta su aprobación final en Consejo de Gobierno todavía deberá pasar un largo recorrido administrativo con un proceso amplio de informes y trámites.
CUIDADOS 'A LA CARTA'
El proyecto de decreto del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales persigue mejorar la atención y ofrecer cuidados a la carta. Porque este plan de atención es una parte esencial del nuevo paradigma de cuidado, centrado en la personalización y calidad de vida de los residentes, ofreciendo una atención integral a mayores de 65 años en situación de dependencia.
En este sentido, las modificaciones propuestas buscan mejorar la regulación del uso de sujeciones físicas, potenciar la coordinación sociosanitaria, incrementar las ratios de personal y ofrecer mayor flexibilidad de gestión.
Lakua ha preferido introducir estas mejoras por esta vía, y no ha derogado el actual decreto, ya que es reciente y no parecen justificados cambios más radicales.
De este proyecto quedan excluidos ciertos tipos de alojamiento para personas mayores (apartamentos tutelados, viviendas comunitarias, viviendas con apoyos) ya que en un futuro dispondrán de regulación propia.
En el ámbito de los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, se mejora de la regulación relativa a los cuidados paliativos, que incluye la coordinación sociosanitaria, la necesidad de un Plan de Cuidados Paliativos y espacios de formación en la materia.
Este cambio viene motivado tras las duras experiencias vividas durante la crisis sanitaria del coronavirus, donde las residencias vivieron momentos trágicos ya que el virus castigó duramente estos espacios.
25 PLAZAS POR MÓDULO
Asimismo se ha detectado la necesidad de acotar el tamaño de los centros y se limita el número de plazas en los nuevas residencias a un máximo de 150. De hecho, se especifica que deben estar organizados en módulos de atención y cuidados con un máximo de 25 plazas por módulo.
Los centros deben contar con personal asignado a cada módulo para minimizar la rotación de personal y fomentar la confianza con los residentes. Las instalaciones también deben ser objeto de mejoras que tienen que ver con el tamaño de habitaciones, baños individuales o pasamanos.
Asimismo se redefine el rol del profesional de referencia y se introduce un nuevo artículo sobre el modelo de gestión, para mejorar la calidad de vida de los residentes, impulsar la innovación y la evaluación del modelo de atención.
Por eso está previsto regular las prácticas de sujeción física o química, con el objetivo de eliminar su uso y respetar la dignidad de los residentes, especialmente aquellos con demencia.
Entre otros cambios, se incorpora la historia clínica conjunta entre la documentación que los centros deben disponer y se promueve la digitalización de los protocolos de actuación. Igualmente se considera la posibilidad de la teleasistencia en determinados casos, asegurando la atención 24/7, también durante el fin de semana y días festivos.
Las residencias en funcionamiento tendrán 6 años para cumplir con las modificaciones del decreto, a excepción de los requisitos materiales, pero deben presentar un informe de progreso cada dos años.
