El Gobierno vasco ha aprobado el Anteproyecto de la Ley vasca de Educación, un año después del histórico Pacto Educativo suscrito con un apoyo del 90% del Parlamento Vasco, a excepción de PP+Cs y VOX. El texto arranca ahora su última etapa: el debate entre los grupos políticos para su aprobación definitiva a lo largo del próximo curso. Por primera vez, la futura ley regulará el conjunto del sistema educativo y no sólo los centros de titularidad pública, tal y como hace la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993.
La sociedad, las aulas y la composición de las familias de hoy en día no tienen nada que ver con la sociedad, las aulas y las familias de la década de los noventa, etapa que estuvo marcada por el proceso de reconversión de las ikastolas. La nueva ley pretende, precisamente, dar respuesta a los retos que encarará la enseñanza vasca las próximas décadas. Además, el sistema educativo acoge cada año a entre 4.000 y 5.000 estudiantes de incorporación tardía, lo que se conoce como matrícula viva. El 80% de ellos arrastra algún tiempo de vulnerabilidad socioeconómica o personal.
Estas nuevas realidades hacen que la inclusión y la lucha contra la segregación escolar impregnen una ley que, por primera vez, articula herramientas para garantizar la gratuidad real de la enseñanza, y no sólo sobre el papel. Será el fin de las cuotas que históricamente han cobrado de forma ‘alegal’ los colegios concertado. La nueva norma propone un cambio de paradigma que certifica el fin a la dualidad red pública versus concertada, tal y como la conocemos.
GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA
Así el anteproyecto de ley crea Servicio Público Vasco de Educación. La Administración educativa garantizará la prestación de una enseñanza gratuita a través de los centros financiados con fondos públicos. La prestación del Servicio Público Vasco de la Educación se realizará a través de los centros públicos y privados-concertados que se comprometan a cumplir con una serie de exigencias, como los principios de no discriminación; transparencia; carencia de ánimo de lucro; atención al alumnado vulnerable y a la diversidad del alumnado, entre otros.
Los centros concertados que reciban financiación pública, por tanto, no podrán cobrar por enseñar. La administración asumirá los gastos de enseñanza, comedor y transporte; regulará los cobros las actividades complementarias y los publicará en la web del Departamento de Educación. Además, el Departamento de Hacienda velará por que los centros concertados cumplan los compromisos adquiridos para seguir recibiendo financiación pública. Asimismo, los colegios que presten el Servicio Público Vasco de Educación deberán “garantizar la libertad sexual y de género; la laicidad; en la asignatura de Religión el mínimo establecido será el máximo establecido por la legislación básica, y se garantizará que no haya adoctrinamiento”.
PUBLIFICACIÓN DE CENTROS
Por otro lado, la ley abre la puerta a la publificación de centros escolares. Esto no es sinónimo de que los colegios concertados que estén en crisis debido a la bajada de la natalidad vayan a tener barra libre. Se trata de una medida que Educación aplicará de forma quirúrgica en función de las necesidades que detecten. Esta posibilidad se explicita en la disposición adicional segunda, que lleva por título Integración de centros en la red pública. “El departamento competente en materia de educación, atendiendo a sus necesidades ordinarias de planificación y de acuerdo con la ley, desarrollará el régimen que permita la integración de centros educativos privados en la red de titularidad pública tras recabar la conformidad de dichos centros”, reza el texto.
Por otro lado, en la disposición adicional tercera se propone ‘pacto antigueto’. En este sentido, la ley obliga al Departamento de Educación a impulsar “un proceso de diálogo activo con la comunidad educativa, con el objetivo de lograr un Pacto contra la Segregación Escolar”. La virtud, tanto del Servicio Púbico Vasco de Educación, como de este Pacto contra la Segregación, es que el Gobierno vasco blinda por ley el tratamiento equilibrado de la diversidad y la vulnerabilidad frente a eventuales cambios de Gobierno.
MULTILINGÜE CON EL EUSKERA COMO EJE
El sistema educativo vasco se define como “plurilingüe, articulado en torno al euskera, y se estructura en dos lenguas oficiales y, al menos, una lengua extranjera”. En el ámbito lingüístico la ley propone un cambio radical: cada centro tendrá la posibilidad y la obligación de ejecutar un proyecto lingüístico ajustado a su realidad sociolingüística. No es lo mismo una ikastola de modelo D de Gernika que otra de Barakaldo, ni un centro con una alta concentración de alumnado vulnerable de Gasteiz y un centro de Kristau Eskola, cuyo alumnado tiene un índice socioeconómico elevado.
El anteproyecto fija para ello los perfiles lingüísticos de salida del alumnado, una de las reivindicaciones históricas del Consejo Escolar de Euskadi. En Primaria se deberá alcanzar un B1 en ambas lenguas del Marco Unificado de Referencia Europea y al final de la ESO el B2. Los currículos deben incluir la enseñanza, al menos, de una lengua extranjera, con el objetivo de que el alumnado adquiera un conocimiento suficiente al final de la Educación Secundaria Obligatoria. Así, a partir del curso que viene todos los centros deberán diseñar su propio proyecto lingüístico de modo que al final de la ESO (16 años) se alcance un B2 en las dos lenguas oficiales. La ley pretende reforzar no solo el aprendizaje, sino el uso del euskera.
En esta línea, los centros que presten el Servicio Público Vasco de Educación deberán “priorizar” el euskera tanto en la actividad educativa, como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado y cumplir los lingüísticos establecidos. Para lograrlo, el Departamento de Educación “facilitará recursos específicos a los centros que trabajan en entornos sociolingüísticos con escasa presencia del euskera para el desarrollo de sus proyectos educativos”.
INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE DEL EUSKERA
La ley pone el acento en la mejora de las metodologías. Así, se crea el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas que tiene como misión principal el tratamiento de las metodologías lingüísticas como la formación del profesorado al objeto de reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística en función de las exigencias que el sistema educativo presente en cada contexto. A tal efecto, el Instituto asumirá las funciones que el Servicio de Euskera del Departamento de Educación ha venido desempeñando desde su creación.
Con el fin de fomentar el uso activo del euskera, el Instituto se encargará de capacitar al profesorado en lengua y metodología, incluida la capacitación para transmitir la cultura vasca. También se encargará de elaborar el currículo vasco y la organización de la producción de material escolar y de la dinamización del uso lingüístico en el ámbito escolar (planes de normalización, promoción de actividades, innovación, investigación, divulgación y programas de diseño especial).
REFUERZO DE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Otro de los puntos destacados de la ley es el refuerzo de la autonomía de los 1.220 centros que integran el sistema educativo vasco. El proyecto educativo podrá incorporar el proyecto de gestión en los términos recogidos, en su caso, en el contrato programa. En su defecto, el centro deberá aprobar ambos. A partir de ahora se introduce un nuevo concepto: el contrato programa.
Educación elaborará cuatrienalmente un plan estratégico en el ámbito de las políticas y de la gestión educativas e incorporará un plan específico que atienda a las necesidades y retos de la escuela pública vasca. Dicho plan definirá las principales líneas de trabajo encaminadas a incrementar la equidad y la excelencia educativa y se presentará al Parlamento para su revisión. Derivado de este plan, el Gobierno vasco suscribirá con los centros un contrato-programa a través del que conseguirán la financiación para desarrollar los objetivos contenidos en él. Además, por primera vez, los centros deberán rendir cuentas sobre lo ejecutado para conseguir renovar el contrato. En Asturias y Galicia ya funcionan experiencias similares.
CONSEJO DE LA ESCUELA PÚBLICA VASCA
Otro órgano de nuevo cuño es el Consejo de la Escuela Pública Vasca. A diferencia del Consejo Escolar de Euskadi, en el que están representados los principales agentes del conjunto del sistema educativo, este nuevo ente participarivo ejercerá como interlocutor de la escuela pública. Entre otros fines, el Consejo busca “identificar o defender sus necesidades e intereses, dar visibilidad a la labor y a los logros educativos de los centros públicos, así como propiciar su integración en el entorno y el trabajo colaborativo entre centros, impulsando la toma de conciencia de su personalidad propia y el desarrollo de una escuela pública vasca competitiva en términos de calidad”. También tendrá capacidad para efectuar recomendaciones a los poderes públicos en todo aquello que pueda afectar a los centros públicos.
