Los afectados por las inundaciones sufridas en Euskadi en las últimas semanas por las intensas precipitaciones podrán pedir ayudas públicas de hasta 10.320 euros por daños a la estructura de la vivienda habitual.
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes declarar zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil las zonas afectadas por las riadas del río Ebro en Aragón, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha confirmado la decisión del Ejecutivo que ya había sido anunciada el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la zona afectada.
Además, Rodríguez ha añadido que se ha "aprovechado" en esta declaración para incorporar otras peticiones de otras áreas tras "acontecimientos pasados".
Según ha señalado la Moncloa, este acuerdo también abre la vía para que puedan solicitar ayudas públicas quienes hayan sufrido daños provocados por las inundaciones sufridas entre los pasados 20 y 24 de septiembre, en noviembre y este diciembre de 2021, sumándose a las comunidades autónomas anteriormente citadas las de Euskadi, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia.
También recoge un episodio de lluvias torrenciales en enero de 2020 y un tornado en agosto de 2020, ambos acaecidos en Baleares.
Asimismo, se permitirá resarcir los daños provocados por diversos incendios forestales ocurridos desde el pasado mes de septiembre en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunitat Valenciana, Extremadura e Islas Baleares, así como un incendio acaecido en Córdoba (Alcaracejos) en agosto de 2021.
A fin de paliar los daños personales y materiales producidos, el acuerdo adopta una serie de medidas previstas la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
AYUDAS ECONÓMICAS
Las ayudas económicas por daños personales, sea por fallecimiento o incapacidad absoluta o permanente --18.000 euros--; a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, el coste con un límite de 2.580 euros.
Por destrucción total de la vivienda habitual se costearán los daños, con un máximo de 15.120 euros; por daños a la estructura de la vivienda habitual será el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 10.320 euros; por otros daños en la vivienda habitual, también el 50 por ciento, con un máximo de 5.160 euros.
Por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 9.224 euros. A personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.
A los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, con hasta 9.224 euros; a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre el 50 y el 100 por ciento, según los casos.
Se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico -duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados-.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones laborales y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
El Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
Todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
Esta declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil amplía el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de septiembre de 2021, que abrió el cauce legal para la concesión de ayudas a nueve comunidades autónomas para paliar los daños provocados por diversos episodios de incendios forestales o fuertes lluvias que provocaron inundaciones.
