La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha explicado en el Parlamento que 20 familias vascas han logrado el certificado de reconocimiento de su derecho a la exhumación de los allegados que permanecen enterrados en el Valle de los Caídos.
En el Estado se han cursado 54 certificados, y el hecho de que 20 correspondan a familias vascas certifica, según al consejera Artolazabal, "el apoyo que han recibido por parte del Gobierno vasco para realizar las gestiones: primero para asegurar que su familiar estaba inhumado en el Valle y luego para solicitar su exhumación".
Artolazabal ha explicado que 23 familias vascas han iniciado, con el asesoramiento y acompañamiento de Gogora, los trámites para recuperar los restos de sus familiares trasladados en los años cincuenta al Valle de Cuelgamuros. "Todavía en 2020 hay miles de familias que no han podido recuperar a su allegado desaparecido en la guerra civil. Todavía en 2020 hay miles de familias que no han podido cerrar su duelo", ha destacado la consejera.
PRÓXIMOS PASOS
Según el Gobierno vasco, la secretaría de Estado de Memoria Histórica está diseñando la entrada de equipos forenses en las criptas. Un paso que es ya inminente y tras el que los equipos técnicos estudiarán la viabilidad de la inhumación de cada uno de los 54 restos humanos solicitados.
Se trata de un proceso complejo, y puede que en algunos casos resulte inviable, debido al mal estado de las criptas, de las cajas o debido a la imposibilidad de identificación.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha desvelado en el Parlamento vasco que se conoce el lugar dónde están ubicados los 20 vascos. El siguiente paso será la recogida de las muestras de ADN de los familiares más cercanos, unas pruebas que facilitará el Gobierno vasco, a través de Gogora, para su posterior cotejo.
VALLE DE LOS CAÍDOS
En el Valle de los Caídos hay en total más de 33.000 restos humanos. Se calcula que hay más de 1.300 vascos inhumados, que fueron trasladados desde Euskadi y desde otros puntos del Estado, y que tres centenares de ellos fueron trasladados sin identificar. En la mayoría de los casos, el Régimen de Franco no contó con el consentimiento de sus familias.
