- El Consejo de Ministros aprobó ayer el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva. Esta cantidad mínima se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros, en tanto que se establece un complemento adicional de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad. Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en el conjunto del Estado en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores. El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer. En el caso de Euskadi la gestión del IMV será asumida por el Gobierno Vasco -en Navarra, por el Ejecutivo navarro- después de que el pasado miércoles el PNV cerrara el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez tras "dos meses" de negociaciones, según explicitó ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

La consejera aclaró ayer que la entrada en vigor del IMV no tendrá incidencia en las cuantías que reciben en la CAV los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca. Artolazabal subrayó que los actuales perceptores "no verán alterada su actual situación" y no resultarán perjudicados en las cuantías que cobran. Habrá beneficiarios que cobren la RGI y otros el IMV, pero ambas se complementarán. Por ejemplo, los pensionistas y personas sin residencia legal que cobran la RGI y otros casos, unos 20.000 en total, seguirán recibiendo esta prestación ya que el IMV no incluye a estos colectivos. Además, hay personas que no cumplen los requisitos de la RGI pero sí del IMV. Por ejemplo, para acceder a la prestación vasca se exige un período de empadronamiento superior a los tres años, mientras que para el ingreso vital se reduce a un año.

Así, las personas que puedan pedir el IMV y que hasta ahora no tenían acceso a la RGI, tendrán que solicitar las ayudas en Lanbide a partir del 15 de junio, aunque quienes cumplan los requisitos percibirán las prestaciones con carácter retroactivo a 1 de junio. Las ayudas a las que se tenga derecho se pagarán en dos nóminas diferentes en el caso de que se tengan que complementar, al menos hasta que se haga efectiva la transferencia, pero todos los trámites se llevarán a cabo en Lanbide. Los que perciban actualmente la RGI no tendrán que hacer ningún trámite y se encargará de ello Lanbide.

La consejera, en la rueda de prensa, declinó concretar el dinero que se ahorrará el Gobierno Vasco en la RGI con la transferencia del IMV y señaló que estos asuntos se negociarán en la Comisión Mixta de Transferencias. "Esta negociación no se ha planteado nunca en términos de ahorro", dejó claro Artolazabal, quien ha reconocido que las conversaciones entre ambos gobiernos para llegar a un acuerdo satisfactorio han sido largas, difíciles, discretas y leales. Se garantiza así, añadió, una relación bilateral entre Euskadi y el Estado y la gestión económica del Ingreso Mínimo Vital supone un paso más para analizar la futura transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.

El acuerdo alcanzado esta semana establece que Euskadi asuma las funciones y los servicios correspondientes al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en relación al IMV. Hasta la materialización del traspaso al País Vasco, que deberá ser antes del 31 de octubre de 2020, las administraciones competentes del Estado y de la comunidad autónoma acordarán mediante un convenio una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que permitan atender a los beneficiarios de la medida.

Según los últimos datos, en abril de este año había 53.274 titulares perceptores de la RGI en Euskadi, 833 más que en marzo pero 933 menos que en el mismo mes de 2019 y la nómina media fue de 696,47 euros. Un 18,8 % de los titulares recibe una renta complementaria de sus ingresos de trabajo; el 25,3% son pensionistas que complementan su pensión y el 55,9 % unidades familiares sin ningún tipo de ingreso.

"Nace un nuevo derecho social en España", que supone "tomarse en serio de verdad el mandato constitucional" porque "no hay libertad si no se llega a final de mes", aseguró ayer en la presentación de la aprobación del IMV por el Consejo de Ministros el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Según explicó, el ingreso mínimo se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España. El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral fijado para ese tipo de hogar.

Iglesias explicó que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada "trampa de la pobreza", situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social. Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza para comprobar que el beneficiario no supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual. Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario. En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.

La ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo. De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación. Según explicó el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, "no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos".