¿Autorizará el Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid comience la desescalada el próximo lunes? Con este interrogante han comenzado los trabajos del equipo de expertos que analiza con las autonomías sus peticiones para pasar a la denominada fase 1 del desconfinamiento antes de elaborar los respectivos informes, que se harán públicos entre mañana y pasado.
La decisión final la tomará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien corresponde en última instancia responder a la demanda de Madrid, que se ha situado en el centro del debate después de que el Gobierno regional la planteara casi a renglón seguido de las dudas sobre su conveniencia expresadas por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que aludió específicamente a la alta ocupación de las ucis, donde hay todavía unos 600 pacientes.
Esas dudas fueron rápidamente despejadas por su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que este jueves ha insistido en que Madrid "está preparada" para pasar a la fase 1 de la desescalada y que sería "incomprensible" que el Gobierno no se lo permita, con una referencia expresa a la economía: "Sería un jarro de agua fría para los autónomos que necesitan abrir para no echar el cierre definitivamente".
Dudas y dimisión
Esta contradictoria situación se ha hecho aún más patente con la dimisión poco después de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, encargada de firmar la petición, que ha sido sustituida por el director del hospital de campaña de Ifema, Antonio Zapatero.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo un encuentro con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el que ha confirmado la intención de solicitar el pase a la fase 1 y se han emplazado para una nueva conversación una vez remitidos los informes técnicos.
La decisión de Madrid ha sido cuestionada por diversos expertos que desde hace dos semanas consideran que tanto esa región como Cataluña -en particular Barcelona y su área metropolitana- y Castilla y León debían retrasar su desconfinamiento a la vista de los datos epidemiológicos y sanitarios.
Cataluña y Castilla y León así lo han hecho y son las únicas autonomías que sólo plantean comenzar la desescalada en una parte de sus respectivos territorios, al contrario que Madrid, la zona más afectada de España por la epidemia (con 63.870 casos y 8.504 fallecidos) donde en los últimos 14 días se han registrado unos 7.000 contagios.
Esos casos positivos diagnosticados mediante pruebas PCR se elevan en las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid a 86 -aunque siguen las correcciones sobre sus series históricas- con 400 casos con síntomas compatibles con la COVID-19, 128 hospitalizados y 20 ingresados en cuidados intensivos.
El mayor número de contagios (163) los ha notificado Cataluña, donde según sus autoridades sanitarias existe un riesgo general moderado de infección, que se incrementa a moderado-alto en la ciudad de Barcelona.
La capital catalana, al igual que el resto de su provincia, la de Girona y casi en su totalidad la de Lleida retrasará sus planes de desconfinamiento, según la petición enviada al Ministerio de Sanidad, en la que se propone que cambien de fase las regiones sanitarias de Alt Pirineu, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.
La segunda comunidad con más contagios consignados este jueves, 128, ha sido Castilla y León, que también ha decidido no iniciar la desescalada en las zonas más pobladas de su vasto territorio, por lo que seguirán en fase 0 las nueve capitales de provincia y grandes localidades como Ponferrada, Miranda de Ebro o Aranda de Duero. Se postulan para avanzar 26 zonas básicas de salud, donde viven 53.000 personas, sin casos de coronavirus en los últimos siete días.
El resto de autonomías plantean comenzar de forma global el día 11 la desescalada, que el lunes iniciaron las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y la balear de Formentera y que en su fase 1 permite reuniones de hasta 10 personas dentro o fuera del domicilio, apertura de terrazas hasta el 50 % de su cabida, pequeños comercios sin cita previa, velatorios con un número limitado de asistente o lugares de culto con un tercio de su capacidad.
Algunas comunidades autónomas, como Aragón o Asturias, proponen para algunos de sus territorios pasar directamente a la fase 2 o intermedia, que contempla viajes a segundas residencias en la misma provincia, la apertura de restaurantes con servicio en mesas, la de centros comerciales o las de cines o teatros con un tercio de su aforo.
Carrera de fondo
Los epidemiólogos siempre subrayan que la lucha contra el coronavirus es una carrera de fondo, en la que hay que marcar el ritmo, pero sin acelerarse, porque un exceso de velocidad puede inducir a cometer errores, que el virus siempre aprovecha para rebrotar. Esta metáfora simplista sirve para el curso general de la pandemia, pero sobre todo para el difícil y complejo proceso de la desescalada.
Un rebrote, como el que ha sufrido la hasta entonces modélica Singapur, siempre es un mal negocio, también para la economía, repiten los expertos en salud pública, que alertan de los peligros de dar pasos atrás, incluso hasta el confinamiento, como ha tenido que hacer el país más pequeño del sudeste asiático, por lo que no cesan las llamadas a la cautela.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado en esa dirección que para avanzar hacia la fase 1 de la desescalada la responsabilidad de la ciudadanía será "aún más importante y necesaria que nunca", algo que confía que ocurrirá en las autonomías que han solicitado dar este paso de forma total o parcial: "El que propone tiene que ser responsable de lo que propone", ha dicho.
En su comparecencia semanal en el Congreso, Illa ha anunciado que su departamento y las comunidades autónomas están revisando las franjas horarias de salida de los niños (de 12 a 19 horas) para que puedan hacerlo en momentos del día en los que no haga tanto calor.
