PAMPLONA. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional comenzará hoy a revisar la sentencia que condenó a ocho jóvenes de Altsasu por la agresión a dos guardias civiles y sus respectivas parejas, la noche del 15 de octubre de 2016. Lo hará citando a declarar a seis nuevos testigos de las defensas que no comparecieron en el juicio y que podrían ser claves, ya que estuvieron presentes en el bar Kokxa cuando ocurrieron los hechos. Jokin Unamuno, Oihan Arnanz, Adur Ramirez de Alda, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Aratz Urrizola y Ainara Urkijo (la única en libertad), que fueron condenados a entre 2 y 13 años de prisión el pasado mes de junio, no estarán presentes en la sala de vistas de la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), sino que seguirán la jornada por videoconferencia.

La Sala de lo Penal les consideró autores de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas y les impuso las penas más altas contempladas, si bien descartó la condena por delitos terroristas solicitada por la Fiscalía y por las acusaciones populares y particulares. Entre las pruebas solicitadas por las defensas, el tribunal integrado por los magistrados José Ramón Navarro (ponente), Enrique López y Eloy Velasco, ha aceptado solo algunas de ellas, en su mayoría testificales de jóvenes que estuvieron la noche de la agresión en el bar Koxka de Altsasu y habrían presenciado los hechos.

Así, los magistrados han aceptado seis testigos propuestos por los letrados de Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob condenados a 9 años de cárcel: cuatro chicas y dos chicos, todos ellos vecinos de Altsasu. Además, la Sala de Apelación ha admitido que la defensa de Oihan Arnanz condenado a 13 años de prisión pueda aportar una relación de facturas de los teléfonos a los que el joven realizó las llamadas que se señalan como borradas por este, pero al no aparecer aportadas estas pruebas el tribunal dio cinco días para que las partes pudieran tener acceso a ellas. Por último, la Sala ha admitido considerar una respuesta escrita del Gobierno español al senador de Bildu Jon Iñarritu sobre la medalla de la Guardia Civil que fue concedida a Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal al frente del tribunal que condenó a los jóvenes.