SANTANDER. En la operación, que sigue abierta, se ha liberado a tres mujeres que eran prostituidas hasta pagar su deuda que en algunos casos llegaba a los 6.000 euros, por lo que la red les retiraba todos los ingresos que recibían.

Además de la explotación sexual, en esta operación se están investigando otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

La organización captaba a las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Venezuela, Paraguay y República Dominicana, y según explica la Policía, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que también podían aumentar cuando algún cliente así lo requería, y con un mínimo de tres encuentros sexuales al día.

Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales, y en ocasiones las mujeres tenían que realizar servicios "fiados" a clientes "VIP" o habituales que no llegaban a cobrar, además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización, a los que debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz.

Para captarlas, los dueños de los locales utilizaban en sus países a unos intermediarios que las convencían para venir y siempre buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar.

La Policía tiene constancia de once mujeres captadas por la organización, pero cree que es posible que surjan más al concluir las investigaciones y el estudio de los efectos intervenidos en los registros.

Los detenidos son la mayoría de nacionalidad española pero también los hay extranjeros. Una docena fueron detenidos en Cantabria, seis en Bizkaia, y el resto en Burgos (3) Palencia (1) y Valladolid (1).

Hubo seis registros y se han intervenido más de 1.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y dispositivos electrónicos.

Los dos clubes, de Bárcena de Cicero y Trapagaran, han sido clausurados por orden judicial, y aunque la operación sigue abierta la Policía da por desarticulada la estructura de la organización.

La investigación comenzó gracias a la declaración de una mujer, testigo protegido, que logró escapar del control de la red, denunció los hechos sufridos y puso de manifiesto la existencia de una estructura dedicada a la trata de mujeres sudamericanas para la explotación sexual.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la red estaba dividida en dos organizaciones independientes que colaboraban estrechamente, ya que intercambiaban mujeres.

Sin embargo, gradualmente fue aumentando la violencia entre ellas, hasta el punto de que en Cantabria hubo una fuerte reyerta entre sus miembros, con varios heridos de gravedad.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha informado en rueda de prensa de los detalles de esta operación, que se inició en julio de 2017, junto al jefe de Policía en esta región, Héctor Moreno, y otros responsables policiales que han intervenido en ella.

Moreno ha destacado que se está intentando identificar a más mujeres víctimas que ya no estaban en los locales.

El jefe superior y el delegado del Gobierno han pedido a quienes quieran denunciar trata o explotación sexual que se pongan en contacto con la Policía, en el teléfono 900105090 o el correo trata@policia.es.

El delegado del Gobierno ha elogiado el buen trabajo de la Policía y la colaboración entre las jefaturas de distintas comunidades autónomas y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.