“La música suena bien”. Esa fue la tonadilla más repetida por los grupos parlamentarios tras enterarse de los primeros bosquejos de Gaztelagun, un programa pionero con el que el Gobierno Vasco pretende dar un impulso a la emancipación juvenil. La iniciativa (que vería la luz, como muy pronto, en el arranque de 2019) estaría abierta a un segmento concreto: personas de entre 23 y 35 años, tal y como detalló Iñaki Arriola.
En concreto, la proposición puesta ayer sobre la mesa por el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Planificación Territorial’ incluiría el pago de una ayuda directa: la mitad del recibo mensual del alquiler e incluso llegaría hasta el 60% en el caso de que el piso sea compartido por una unidad convivencial “formalmente constituida”.
Los primeros cálculos hechos por el cuerpo técnico de la Dirección de Vivienda apuntan a que hasta el año 2020 alrededor de 4.500 jóvenes podrían acogerse a este planteamiento; y con la mirada en 2021, el consejero Arriola hablaba de 6.500 jóvenes. Un periodo en el que por parte del Ejecutivo también está previsto actuar en otras direcciones que den más oportunidades a los jóvenes; por ejemplo, promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública de las que 2.950 serían en régimen de alquiler.
El resto de pisos (3.400) irían agrupados en la categoría de venta; y la mayoría de esas casas (3.075, en concreto) corresponderían a promociones privadas ya que Visesa [la contraparte pública] dejará de construir en régimen de propiedad en 2020. No serán las únicas líneas sobre las que incidirá el Departamento para tratar de ampliar el censo público de inmuebles y así poder facilitar la emancipación de las personas jóvenes y, sobre todo, poder garantizar el derecho subjetivo de acceso a la vivienda recogido en la Ley vasca de 2015.
Ahí estarían las experiencias de Bizigune (ahora con una versión municipal de cesión de viviendas vacías o desocupadas en régimen de alquiler) y que espera alcanzar las 6.400 unidades; y también la de ASAP para incorporar pisos de titularidad privada al mercado del arrendamiento y que trabajará para sumar alrededor de 800 casas a su desprovisto parque. El consejero se ha comprometido a revisarlo para atender a esa capa de la población porque, como expresó, “se ha quedado desfasado”.
“Estamos intentando rascar de todas partes”, reconocía durante la Comisión celebrada en la mañana de ayer, al tiempo que reconocía que el escenario actual no es el más propicio para el alquiler social. Y es que los altos precios que se pagan en el mercado privado son un aliciente incuestionable para cada vez más personas propietarias de viviendas vacías que optan por esa opción para sacar un rendimiento económico.
El Gobierno Vasco paga 600 euros al mes a la persona que pone su casa a disposición del alquiler social, pero en el mercado libre las cuantías medias rondan los 900 euros mensuales en la capital vizcaína, por ejemplo, y zonas de influencia. “No es fácil”, insistía. En cualquier caso, el propio Arriola aclaró que la renta mensual de la vivienda que sea objeto del contrato de alquiler con Gaztelagun no podrá superar los 600 euros con carácter general “y los 750 euros en el caso de las tres capitales vascas y sus respectivas áreas funcionales”.
Además, tal y como puntualizaban fuentes del Departamento, otra de las novedades y bondades de este mecanismo con el que se busca revertir la situación denunciada tantas veces por los colectivos sociales es que los jóvenes no tienen por qué figurar como titulares del contrato de alquiler “por lo que compartir piso será compatible”. En todo caso, y atendiendo a las palabras de Arriola, ese colchón económico no pasaría de los 250 euros.
‘Compaginar’ con las AES Y es que, tal y como argumentó, la cobertura económica de Gaztelagun “en ningún caso” podrá superar la cantidad que en cada momento esté fijada como Prestación Económica de Vivienda (PEV), la otra subvención vinculada al derecho subjetivo de la vivienda. De hecho, quien se acoja a esta fórmula debe saber que únicamente la podrá compaginar con las Ayudas de Emergencia Social (AES), tramitadas y ejecutadas por las administraciones municipales.
En el caso de Gaztelagun, los expedientes serán gestionados por Alokabide [que también asumirá la tramitación de la Prestación Económica de Vivienda una vez sea traspasada desde Lanbide] y habrá revisiones cada año para perseguir la picaresca, los engaños y el fraude de ley. Una dinámica que también tendrá repercusión en el parque de VPO con 9.500 revisiones anuales, anunció el consejero Arriola. Además, ilustraron fuentes del Departamento, esas ayudas al alquiler para jóvenes serán válidas durante un plazo máximo de 3 años.
En la exposición de este programa también se desmenuzaron otra serie de requisitos. Por ejemplo, los ingresos de los solicitantes deben superar el límite para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (7.734 euros este año) pero no pueden pasar de los 12.000 euros en el caso de un único residente, los 15.000 cuando sean dos y los 18.000 si son tres. Este umbral se elevará a 20.000 euros para familias numerosas de categoría especial y personas con grados elevados de discapacidad e, incluso, podrá llegar a los 22.000 euros. Los jóvenes que pidan estas ayudas podrán estar trabajando, pero también ser personal investigador en formación o perceptores de becas si tienen seis meses de antigüedad reciente de vida laboral o una duración prevista de ingresos de al menos seis meses.
