madrid. Las distintas administraciones públicas enviaron ayer un mensaje tranquilizador sobre los movimientos sísmicos que se están produciendo en el entorno del almacenamiento de gas Castor y aseguraron que sus actividades continuarán paralizadas hasta que la seguridad de la población esté garantizada.

Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos afectados por los terremotos y diputaciones provinciales se reunieron para analizar la situación y compartir la información disponible hasta el momento.

Tras el encuentro en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, señaló que es necesario dar "seguridad y tranquilidad" a los ciudadanos, algo que a su juicio exige que no se reanude ningún trabajo en Castor hasta que no hay informes que aseguren que no se van a producir movimientos sísmicos. "O se tiene la absoluta seguridad de que no se van a generar movimientos sísmicos y alarma entre la población o si no esa planta no se puede abrir", subrayó Fabra, tras comentar que la reunión fue "muy positiva".

En un tono más crítico, el consejero de Interior de Cataluña, Ramón Espadaler, señaló que tras el encuentro con el titular de Industria, José Manuel Soria, continúan "sin tener la información" que necesita el Ejecutivo catalán como competente en asuntos de protección civil.

Por otro lado, la Comisión Europea ha asegurado que la instalación cumplió con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria y ha descartado intervenir para exigir el paro definitivo de actividad. Castor cumplió la evaluación de impacto ambiental, que determina los efectos directos e indirectos en el medio, pero también respecto a los ciudadanos y el patrimonio, y los requisitos de la directiva sobre hábitats, que protege la fauna y flora del territorio afectado, y la directiva de prevención y control de la contaminación.