Bilbao. Los problemas de acceso a la vivienda que sufren muchos ciudadanos encuentran cierto alivio en las políticas sociales que facilitan la compra o el alquiler de una casa con determinadas ventajas económicas. Sin embargo, lo que en principio es un mecanismo de inclusión social, se puede convertir en una grave injusticia si los beneficiarios de las viviendas cometen irregularidades que, pese a ser reiteradamente denunciadas, no siempre son sancionadas y atajadas. Es el caso de las viviendas alquiladas por Alokabide que después no son ocupadas por los adjudicatarios o, en el peor de los casos, son realquiladas a precios de mercado. Las irregularidades que cometen algunos titulares de viviendas de alquiler social están provocando las denuncias de diversos colectivos y de otros adjudicatarios de pisos de Alokabide, ya que tanto en el caso de las viviendas que permanecen vacías, como en el de las que son realquiladas, estas situaciones perjudican a los miles de ciudadanos que están en lista de espera para acceder a un piso. Los responsables del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, de Etxebide y de Alokabide cuentan con mecanismos para atajar esas irregularidades y tienen en marcha campañas de inspección para detectar impagos, destrozos, adjudicaciones indebidas y otras conductas, pero lo cierto es que hay casos concretos que han sido denunciados y siguen sin corregirse.
Éste parece ser el caso de algunas viviendas de alquiler social gestionadas por Alokabide en Bilbao. Una asociación de inquilinos ha detectado diversas irregularidades y, en concreto, ha denunciado la existencia en su bloque de una vivienda que lleva cinco años realquilada por su titular.
87% inspeccionado Según los datos del Departamento vasco de Vivienda, en estos momentos Alokabide, que gestiona más de 9.400 viviendas de alquiler protegido en toda la comunidad autónoma, ha inspeccionado ya prácticamente el 87% del parque total de viviendas con el fin de actualizar sus datos y comprobar que todos los adjudicatarios cumplen las exigencias del servicio. En los últimos ocho años Alokabide ha abierto un total de 246 procedimientos sancionadores por casos comprobados de "alquiler no autorizado" de sus viviendas. Se trata, en concreto, de expedientes en los que el titular de la vivienda de alquiler protegido realquila la casa o una parte de ella. Ambas actividades están terminantemente prohibidas por los contratos de Alokabide y cuando son detectadas y comprobadas pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre los 1.500 y los 6.000 euros en función de los atenuantes que se determinen en el procedimiento.
De los 246 casos de "alquiler no autorizado" sancionados por Alokabide, 103 se han registrado en Álava, 90 en Bizkaia y 53 en Gipuzkoa. Las sanciones impuestas a las personas que han cometido estas infracciones han ascendido hasta la fecha a 392.660 euros. En los últimos años los responsables de vivienda del Gobierno Vasco también han retirado el alquiler social a varios centenares de inquilinos a causa de otro tipo de irregularidades. Las más habituales son impago y utilización "inadecuada" del piso.
Sin embargo, hay colectivos sociales que dudan de la eficacia de las inspecciones del Ejecutivo autonómico y hablan abiertamente de dejación de responsabilidades e inacción en numerosos casos que han sido denunciados en los estamentos correspondientes y, pese a ello, no han sido corregidos. En concreto, E. L., un vecino de Bilbao que pertenece a una asociación de inquilinos de viviendas sociales, explicó que este colectivo ha denunciado que una inquilina titular de Alokabide lleva más de cinco años realquilando su vivienda y la sociedad pública todavía no ha hecho nada. Según esta denuncia, la citada inquilina incluso ha puesto anuncios en páginas web poniendo en alquiler esa vivienda que le asignó Alokabide y que ella no ocupa porque desde hace años reside en otra comunidad autónoma.
De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, en sus anuncios en Internet la titular de la vivienda de Alokabide indica la renta que pide a sus inquilinos por el piso y se trata de un precio que "triplica" lo que ella paga, con lo que el negocio le sale redondo. Según la asociación de inquilinos, los inspectores de Alokabide han podido comprobar personalmente que el piso adjudicado a la mujer denunciada estaba realquilado, ya que cuando acudieron a la casa, su ocupante les dijo que la titular no vivía allí.
ganar dinero Hay que tener en cuenta que las viviendas gestionadas por Alokabide son de alquiler social y que la renta máxima que se cobra por ellas suele rondar los 300 euros, aunque la renta más habitual es de unos 200 euros mensuales.
Según el último informe Fotocasa sobre el precio de la vivienda en alquiler, el País Vasco sigue siendo la comunidad autónoma con el precio medio más alto, con 10,58 euros por metro cuadrado al mes. Este valor se encuentra un 42,8% por encima de la media del Estado español, que en septiembre se situaba en 7,41 euros por metro. Así, según los datos de este informe, el alquiler mensual de una vivienda de 90 metros cuadrados superaría los 950 euros en el País Vasco, pero suele ser más alto en las capitales. En Bilbao -según Fotocasa- el alquiler medio es de 11,55 euros por metro (casi 1.040 euros al mes para un piso de 90 metros), mientras que en Donostia asciende a 11,89 euros.
De acuerdo con los datos aportados por la asociación de inquilinos, también se han detectado casos de viviendas que fueron abandonadas por sus titulares hace más de un año y que "hoy todavía permanecen vacías". E. L. denunció que está situación supone una injusticia para los miles de ciudadanos que están en las listas de espera de Alokabide, que necesitan un lugar para vivir y que no pueden pagar los alquileres del mercado libre.
