vitoria. Ya se conocían las intenciones, que ayer se convirtieron en ley. La bancada ocupada por los parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y la que acoge a los del Partido Popular (PP) sumaron fuerzas para dar cobertura a uno de los recortes sociales más importantes de esta época de crisis. En concreto, la mayoría del Parlamento Vasco dio el plácet a la discutida reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Ahora, después de la intervención de la tijera legisladora, se eleva de uno a tres años el empadronamiento mínimo para poder percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El grueso de la ley, cuya votación se prolongó durante más de una hora, fue aprobado con los votos del PSE-EE y el PP, la abstención del PNV y UPyD, y la oposición del resto de grupos -Aralar, EA y EB-.

Con la modificación de la normativa, que entrará en vigor con la llegada del nuevo año, se cambian los requisitos para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, que actualmente perciben 55.000 personas en el conjunto de la CAV. A partir de ahora, para poder solicitarla será necesario haber tenido la residencia efectiva en el País Vasco al menos con un año de antelación. Si no se llega a los tres de empadronamiento, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de actividad laboral remunerada.

Si no se cumple el requisito previo del año de residencia, el que existía hasta ahora, se deberá acreditar haber estado empadronado en algún municipio de la CAV durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud. La reforma también incluye que los perceptores de las ayudas, salvo pensionistas, personas con invalidez absoluta y menores de 23 años, deberán estar disponibles para trabajos de carácter social en situaciones de emergencia o especiales. Mientras que el PSE-EE y el PP argumentaron que esta reforma no recorta derechos ni disponibilidades presupuestarias y que busca ligar las prestaciones sociales con el empleo, la mayoría de los grupos de la oposición criticaron que ahora se van a dejar fuera de las ayudas a muchas personas en un momento de crisis.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, defendió esta reforma que busca desarrollar una "política social basada en el empleo y no en el subsidio", como el modelo alemán. Por su parte, Teresa Laespada (PSE-EE) defendió el carácter "progresista" de la ley y recordó que en Euskadi se desembolsa el 38% de las Rentas de Garantía de Ingresos del total de España.

Laura Garrido (PP) consideró justa la ampliación del mínimo de empadronamiento de uno a tres años porque hasta ahora el 44% de los perceptores rechazaba empleos, algo que podían hacer hasta tres veces sin perder la prestación, y que un 9% de la bolsa de beneficiarios llevaba hasta diez años sin trabajar.

Garbiñe Sáez (PNV) defendió una enmienda para que hubiera una moratoria de un año en la entrada en vigor para no provocar el "caos y la saturación de los servicios" del Servicio Vasco de Empleo. Aintzane Ezenarro (Aralar) advirtió de que la "pobreza aumentará en la sociedad", Juanjo Agirrezabala (EA) cifró en unas 3.500 las personas que quedarán sin RGI, Mikel Arana (IU) criticó el "endurecimento del acceso" y Gorka Maneiro (UPyD) mostró su rechazo al recorte de prestaciones sin que se adopten otras medidas como la lucha contra el fraude fiscal.