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El Supremo acepta a Hazte Oír como acusación popular en la causa contra el fiscal general

Estima así el recurso de la asociación contra el auto del magistrado Ángel Hurtado, que había denegado su personación por el posible impacto en la agilidad del procedimiento

El Supremo acepta a Hazte Oír como acusación popular en la causa contra el fiscal generalEP

El Tribunal Supremo ha aceptado la personación de Hazte Oír como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, la quinta en este procedimiento.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima el recurso de la asociación contra el auto del magistrado Ángel Hurtado que había denegado su personación.

Hurtado abrió causa penal contra el fiscal general el pasado 16 de octubre y la asociación solicitó su personación el 15 de enero, si bien el instructor lo denegó al considerar que ya se habían personado asociaciones suficientes y que la entrada de nuevas acusaciones nada aportará, pudiendo afectar a la agilidad del procedimiento.

Pero Hazte Oír recurrió a la Sala, que ahora le da la razón porque considera que "no se trata de acreditar perjuicio directo", pero "sí una cierta conexión, o relación de sus fines, con el interés general seguido en el procedimiento".

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Y "dada la amplitud con que la jurisprudencia constitucional atiende a posibilitar el ejercicio de la acción penal", dicha conexión lo justifica con uno de sus fines estatuarios, como es "el fortalecimiento institucional y democrático, mediante el impulso de iniciativas orientadas a la participación ciudadana en la vida pública, la promoción del bien común y la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos". Todo ello, añade, porque lo que se investiga es un delito contra la Administración pública.

Hazte Oír se suma así al resto de acusaciones populares personadas en la causa: la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el autodenominado sindicato Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.