Que no salpique. El PNV quiere tomar la máxima distancia posible del debate sobre el modelo de financiación para Catalunya, que aspira a un Concierto Económico inspirado en el vasco. Los jeltzales muestran un escrupuloso respeto a la propuesta del president Pere Aragonès, que aspira a recaudar el 100% de los impuestos, pero lo que les preocupa es que, una vez abierto ese melón, han vuelto a proliferar en los medios de comunicación y entre distintos portavoces políticos unas comparativas con el modelo vasco que no se ajustan a la realidad. Esos análisis destacan que Catalunya recaudaría todos los impuestos “pero” realizaría aportaciones a un fondo de reequilibrio territorial, un “pero” que parece deslizar que la comunidad autónoma vasca y Nafarroa no contribuyen a la solidaridad. El PNV se teme que regrese el fantasma de los privilegios vascos, un discurso que aparece cíclicamente en el debate estatal por una mezcla de desconocimiento e intencionalidad política, y que suele desembocar en la petición de que Euskadi pague más dinero al Estado en concepto de Cupo. En ese contexto, su candidato a lehendakari en las elecciones del 21 de abril, Imanol Pradales, ha puesto pie en pared este miércoles para exigir respeto al Concierto y para hacer mucha pedagogía, porque Euskadi ya aporta al Estado, y lo hace por encima de su peso en población y PIB.
En declaraciones desde Gasteiz, Pradales pidió “respeto al Concierto Económico vasco, nuestra máxima expresión del autogobierno y fuente de bienestar para la sociedad vasca; el sistema de financiación que nos permite financiar la sanidad vasca, educación, políticas de empleo, políticas industriales, RGI...”. “Respeto, porque nosotros respetamos que cualquier partido o el señor Aragonès plantee un sistema de financiación para Catalunya, pero no admitimos que se sugiera que somos insolidarios. El mismo respeto que le pido a otras fuerzas, en este caso a Aragonès, es el mismo que le tenemos a él cuando plantea un sistema de financiación diferente para Catalunya, pero que no mezcle las cosas”, pidió.
Se paga el 6,24% pero Euskadi representa el 4,6% de población y 5,9% de PIB
Pradales reclamó respeto al Concierto, en primer lugar, porque está reconocido constitucionalmente y en el Estatuto de Gernika. El Concierto vasco tiene una profunda raigambre, está basado en la foralidad, es un derecho histórico y es el último vestigio de la soberanía vasca tras la abolición foral de 1876. En segundo lugar, es un régimen solidario, ya que Euskadi recauda y gestiona sus propios impuestos, pero realiza una aportación por las competencias no transferidas, es decir, por los servicios que presta el Estado en suelo vasco como los puertos o el Ejército; y también hace aportaciones en concepto de solidaridad y contribuye a las cargas del Estado como el pago de los intereses de deuda. Paga un 6,24% en concepto de Cupo, cuando en realidad su población se sitúa por debajo, en un 4,6%, y su PIB es del 5,9%.
En la última revisión, Euskadi pudo haber exigido que se rebajara ese porcentaje, pero se mantuvo en el 6,24%. Además, contribuye a un fondo de compensación interterritorial sin que Euskadi reciba nada de ese fondo, y sin posibilidad de recurrir a un rescate económico del Estado en tiempos de vacas flacas, cuando la recaudación de impuestos cae. Ese riesgo unilateral es el tercer argumento que defendió Pradales y conecta de alguna manera con lo vivido en 1980: algunas voces presentes en la época, como el exconsejero vasco Pedro Luis Uriarte, relataron que Catalunya no se planteó tener un Concierto como el vasco por ese riesgo y que Pujol lo rechazó expresamente.
El cálculo del Cupo, hasta 2026
Por otro lado, algunos medios habían interpretado la intervención de Pradales en una entrevista en Antena 3 como un reproche a ERC o Aragonès. Teniendo en cuenta que ERC es aliada de EH Bildu y que el PNV colabora con Junts, esa lectura corrió como la pólvora. Pero lo que tratan de frenar los jeltzales no es la demanda catalana (de hecho, Junts también quiere un pacto fiscal), sino que tratan de evitar que se meta a Euskadi en la misma coctelera, que resucite el mito de los privilegios, o que se hagan interpretaciones que puedan proyectar en el debate público la falsa idea de que las instituciones vascas no contribuyen a la solidaridad.
En principio, Euskadi puede respirar tranquila hasta 2026, porque la última actualización de la Ley Quinquenal abarca desde 2022 a ese año y ya ha sido validada en el Congreso y el Senado. La base de cálculo es de unos 1.472 millones de aportación vasca al Estado en concepto de Cupo, aunque Euskadi acaba de asumir tres nuevas competencias que suponen un descuento de unos cien millones, sobre todo, por el traspaso de los trenes de cercanías. El Cupo ha estado permanentemente en cuestión y ya se vivió un momento crítico en 2013 cuando los socialistas catalanes pidieron eliminar el Concierto y el Convenio, y el PSOE trató de apaciguarlos con un eventual recálculo del Cupo, es decir, asegurando que el problema no es el Concierto, sino que el Cupo se calcularía mal.
El discurso de los agravios regresó con la irrupción de Ciudadanos en el panorama político, que hizo del supuesto cuponazo su bandera, sin que PSOE ni PP sucumbieran en ese momento a la presión. De todos modos, ha quedado en el imaginario español la idea del cálculo poco transparente.
Azpiazu defiende el modelo
El consejero Pedro Azpiazu salió también al paso con un mensaje en la red social X, donde avisó de que el vasco es un sistema “diferenciado y amparado por la Constitución española, es solidario, singular e implica un riesgo unilateral”. “Nuestro sistema data de 1878 e incluye mecanismos de solidaridad, como nuestra aportación al fondo de compensación interterritorial. Pagamos el 6,24% de las cargas no asumidas reflejadas en el Presupuesto del Estado, porcentaje superior a nuestro peso poblacional. Respeto las demandas de otras autonomías, pero exijo escrupuloso respeto a nuestro sistema”, dijo.