Euskadi contará a partir de este jueves con una Ley de Memoria Histórica y Democrática que ayudará a sistematizar el trabajo que ya se realiza desde hace décadas en la comunidad autónoma para restituir la dignidad a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo desde 1936 hasta 1978. El trabajo conjunto del Gobierno vasco y Aranzadi, así como la sensibilidad social existente en suelo vasco, han propiciado durante años que Euskadi sea un referente en materia de exhumaciones, pero ahora se contará con una ley que aportará mayor claridad y que impulsará más actuaciones y lo hará, además, con un consenso abrumador del 90% del Parlamento Vasco, 68 de 75 escaños. Esta ley no solo tendrá el respaldo de los grupos que forman el Gobierno, la mayoría absoluta que reúnen PNV y PSE, sino que tendrá también los votos favorables de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, quienes alcanzaron sendos acuerdos para incorporar mejoras.
La ley saldrá adelante a pesar de la ultraderecha de Vox, que este mismo jueves defenderá una propuesta que pide al Gobierno homenajear a “las víctimas ejecutadas extrajudicialmente en el País Vasco durante la Guerra Civil por el bando republicano, con el objeto de reparar la injusticia de los crímenes cometidos”. Esta contraprogramación no tendrá mayor recorrido, aunque sí complica la posibilidad de que el PP se abstenga ante la Ley de Memoria porque, durante el debate de las enmiendas a la totalidad, también aludió a las muertes del bando republicano e incluso pidió que la ley incorporase a las víctimas de ETA. El PNV recordó entonces que la ley vasca 4/2008 ya ampara a las víctimas del terrorismo y, sobre las ejecuciones extrajudiciales en el bando republicano, esgrimió que esta ley se refiere a “todas” las víctimas. El lehendakari Urkullu admitió en 2017 que el asesinato de 224 presos en Larrinaga, Carmelo, Ángeles Custodios y Casa Galera fue “injusto”.
Los acuerdos
El primero en incorporarse a esta ley fue Elkarrekin Podemos-IU, a cambio de incluir un censo que no se limitará a las personas que perdieron la vida. En aquel momento, tampoco se pudo instaurar al cien por cien una vía para conceder indemnizaciones económicas a las víctimas, una posibilidad que queda pendiente de un estudio, aunque Podemos-IU reivindica su acuerdo para garantizar una reparación integral y avanzar en ese sentido. Tras el pacto con Bildu, se incorporó la puesta en marcha de un equipo científico que realizará un informe sobre las vulneraciones de derechos en el periodo que abarca la ley, y se ofrecerá asistencia jurídica a las víctimas para que puedan querellarse.
La consejera Melgosa ha destacado en sus últimas comparecencias el consenso sobre esta ley, que también actuará para poner fin a los vestigios de simbología franquista, multará el enaltecimiento, e impulsará una jornada anual de recuerdo.
