La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que detenga cautelarmente las exhumaciones que se están llevando a cabo al considerar que la búsqueda de otros restos mortales pone en peligro los de quienes ya se sabe que están allí enterrados y cuyas familias quieren que siga siendo así.
La ADVC presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado junio donde incluía estas medidas cautelares, que fueron rechazadas por un defecto de forma. Una vez subsanado, volvieron a realizar la misma petición, que ahora está pendiente de que la AN resuelva, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Recurso
Las mismas explican que la sede judicial requirió a Patrimonio Nacional que entregara el expediente administrativo que justificase dichas actuaciones. Desde la ADVC se quejan de que el organismo aportó únicamente un escueto documento de dos páginas, algo que consideran insuficiente para un asunto de tal envergadura.
Al anunciar medidas legales, la asociación ya denunció en un comunicado que estos trabajos atentan contra los derechos de "miles de familias, que teniendo perfectamente acreditada la presencia de los restos de sus antepasados en los osarios de la Basílica ven conculcado el derecho de éstos a descansar en paz".
"Máxime cuando ya han manifestado por escrito al Gobierno su negativa de permiso a que los restos de sus deudos sean trasladados, exhumados, removidos y sometidos a pruebas de identificación forense de cualquier tipo", apuntaba.
Luz verde a los trabajos
Fue el pasado 12 de junio cuando el Gobierno español inició los trabajos para conocer a quién pertenecen los restos ubicados en el Valle de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
En la operación participan forenses, arqueólogos, odontólogos, genetistas y miembros de la policía científica, cuya misión consiste en ayudar a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de inscripción no se aprecian bien.
El 13 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.
Memoria
La resolución recurrida acordó levantar, precisamente, una medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".
Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro.
Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno español.
