El Gobierno vasco ha ido incluso más lejos de lo que había anunciado. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, se había mostrado dispuesto a aceptar 30 millones en enmiendas de la oposición dentro de los Presupuestos vascos, a pesar de que los grupos hubieran dado un portazo a las Cuentas con sus enmiendas a la totalidad y a pesar de que PNV y PSE tengan mayoría absoluta. En total, ha aceptado un total de 38,9 millones que incluyen enmiendas de los tres grupos con los que trató de negociar, todos salvo Vox: Elkarrekin Podemos-IU, PP+C's y EH Bildu. En el caso de la coalición abertzale, el margen ha sido menor, porque las enmiendas que se le han aceptado representan tan solo un 4% de la cantidad total aceptada, un resultado que el Gobierno vasco atribuye a su cerrazón al diálogo.

El trámite de las enmiendas parciales se ha saldado en la comisión parlamentaria incorporando propuestas de todos los grupos, con mejoras de 11,5 millones en Osakidetza, y también ayudas para las familias y los centros educativos, lo que permite incidir en la faceta más social de las Cuentas. Esta es una decisión política del Gobierno de Urkullu, que llega incluso a pesar de la ruptura de las negociaciones. El lehendakari había planteado un pacto de país que no ha sido posible, pero ha mantenido la intención de ensanchar las Cuentas en un momento de incertidumbre económica y social.

En concreto, a Elkarrekin Podemos-IU se le han aceptado 12 millones para seguir aplicando el descuento en el transporte público. Esta es una inyección que se ha decidido a la espera de que el Gobierno español aclare si se compromete a mantener su parte del 30% del descuento en la red autonómica, o si las instituciones vascas tienen que asumir todo el monto hasta el 50% para seguir aplicando la bonificación el año que viene en los mismos términos en los que ha estado vigente. Además, desde la consejería de Azpiazu aún tienen que analizar en junio si el descuento se debe prorrogar más allá de mediados del próximo año o si las circunstancias económicas mejoran. Entonces, ¿de dónde vienen estos 12 millones y cuántos meses cubren?

El Gobierno vasco no pone un límite temporal, y desde Elkarrekin Podemos-IU tampoco lo hacen. El grupo de Miren Gorrotxategi aspiraba a activar 72 millones para mantener el descuento todo el año 2023, pero se le ha aceptado una enmienda en términos más ajustados, por valor de 12 millones, que según sus cálculos permitiría mantener la medida en enero y febrero, pero no lo da por cerrado o no prorrogable. Este grupo ha celebrado las enmiendas aceptadas, aunque matiza que ha sido una decisión unilateral del consejero. El Gobierno vasco no entra en ese ejercicio dialéctico de los plazos y no habla de enero y febrero. Para entenderlo, basta con tener en cuenta que no renuncia a que el Gobierno español mantenga su parte del descuento y, por lo tanto, no quiere entrar a elucubrar con el gasto que pueden cubrir esos 12 millones. En cualquier caso, en los términos de la enmienda pactada con este grupo, sí se alude al cumplimiento del acuerdo del Parlamento Vasco y a mantener ese 50% del descuento. Desde la consejería ponen en valor que solo cinco comunidades, como la vasca, han decidido complementar las ayudas.

Presión del PNV en solitario a Sánchez

EH Bildu planteaba también un descuento, pero hablaba en términos de gratuidad del transporte en los niños menores de 12 años. La propia coalición ha reconocido que no ha querido negociar los descuentos en el transporte con el argumento de que formaban parte de un mandato parlamentario de noviembre y no deben ser objeto de una segunda fase de diálogo, sino que el Gobierno vasco simplemente está obligado a aplicar ese mandato. Además, cree que los 12 millones acordados solo valdrán para enero y febrero y no cumplen lo establecido en el Parlamento.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el PNV ha presionado al Gobierno español y ha tratado de arrancarle una prórroga en las ayudas, lo que ha dejado abierta una puerta a la negociación mientras EH Bildu centra su presión en el Ejecutivo vasco. El PSE, que también ha dejado solo al PNV, ha tratado sin embargo este miércoles de engancharse y salir en la fotografía de una posible buena noticia desde el Estado hablando de contactos de su líder Eneko Andueza y del consejero Arriola con el Gobierno español. 

No se ha producido tampoco un acuerdo con EH Bildu para trasladar esos 12 millones a otras actuaciones importantes para la coalición, como el fondo Finkatuz para participar en el capital de las empresas.

EH Bildu, un 4%

El Gobierno vasco había denunciado desde el primer momento que EH Bildu ha tomado la decisión de desmarcarse de la negociación y, por lo visto, la situación sigue siendo muy complicada con este grupo. Ha sido el grupo que menor reflejo tiene en este acuerdo, con tan solo un 4% sobre el total de los 38,9 millones. En su caso, se ha incorporado un millón para realizar un estudio de salud mental y trastornos en la conducta alimentaria, medio millón para un plan estratégico de salud mental, y 80.000 euros para realizar un estudio jurídico sobre la transferencia completa de la inspección de trabajo. En total, la suma asciende a 1.580.000 euros.

Por el contrario, Elkarrekin Podemos-IU ha sido el grupo más beneficiado, con un 52% sobre los 38,9 millones. En su caso, la suma asciende a 20.308.574 euros que se reparten entre la compra de promociones de vivienda para alquiler (2 millones), las obras en centros de educación infantil y primaria (5 millones), la contratación de orientadores laborales en Lanbide (un millón), la contratación de inspectores y subinspectores en Osalan para prevenir la siniestralidad laboral (308.574 euros) y los ya mencionados 12 millones para mantener el descuento del 50% en el transporte.

En cuanto a PP+C's, se queda con el 44% de la tarta de las enmiendas, con 17.060.000 euros. Entre ellos, se encuentran 7 millones para conceder ayudas a las familias por hijos (el programa de 200 euros por hijo, según fuentes de Hacienda), 60.000 euros van a la red de emprendimiento de Lanbide, y 10 millones se dedicarán a realizar inversiones en centros de salud.

Este miércoles se ha reunido la comisión de Presupuestos en el Parlamento Vasco para debatir las enmiendas, y el resultado ha dejado un buen sabor de boca en el Gobierno vasco, aunque EH Bildu se ha vuelto a llevar un dardo. El consejero Azpiazu ha puesto en valor las cesiones a la oposición asegurando que la "voluntad de acuerdo" de su gabinete siempre ha sido "sincera", y ha lamentado que, incluso en la fase de enmiendas parciales, la actitud de EH Bildu "ha sido el no". "Aun así, hemos aceptado sus enmiendas para Osakidetza por un valor de 1,5 millones".

La aprobación, el día 23 y sin rodillo

Los Presupuestos quedarán aprobados de manera definitiva el día 23, para su entrada en vigor el 1 de enero. El Gobierno vasco se ha sacudido las acusaciones de aplicar el rodillo que, en anteriores ejercicios, le había lanzado la oposición por tumbar sus enmiendas parciales. El Ejecutivo ha realizado un ejercicio un tanto insólito porque, a pesar de contar con mayoría absoluta y a pesar del fracaso de las negociaciones con los grupos, ha mantenido viva su intención de aprobarles varias enmiendas parciales. Estos guiños llegan, además, en un momento de tensión política por las peticiones de dimisión de la consejera Sagardui a cuenta de la agitación en la sanidad donostiarra.