- Tras meses de negociación entre los gobiernos vasco y español, no se ha podido evitar el recurso de Pedro Sánchez contra la Ley Antipandemia vasca en el Tribunal Constitucional. No obstante, el recurso ha sido finalmente mínimo y solo afecta al artículo 14.3 que prevé la posibilidad de ordenar la vacunación ante el coronavirus, mientras que ha habido acuerdo sobre el resto de puntos y, según fuentes de la consejería de Autogobierno, no ha habido que alterar la redacción en esos preceptos.

El Estado había cuestionado los artículos 8, 14, 15, 21, 23, 24 y 26 a 34, que recogen los tests y cribados, las condiciones para fumar en espacios públicos o la necesidad de guardar cuarentena, pero también aluden al toque de queda o los horarios en los establecimientos, con el argumento de que no se pueden tomar esas medidas sin la cobertura de una ley orgánica, aunque en todo momento la ley vasca se remitía al estado de alarma para los casos que afectan a derechos fundamentales. La sangre no ha llegado al río.

El conflicto que queda vivo se refiere al artículo 14.3, aunque se debe a un conflicto de interpretación y no existe un choque frontal. El Estado cree que Euskadi obliga a los ciudadanos a que se vacunen, pero el Gobierno Vasco ha matizado en estas conversaciones que no es así, y que la norma vasca se remite a la ley básica, que habla en todo momento del necesario consentimiento de los pacientes. Se espera que todo acabe reducido a una tormenta en un vaso de agua. Se da la circunstancia, además, de que la Ley Antipandemia vasca es fruto de un Gobierno de coalición entre el PNV y los propios socialistas, y tuvo en el Parlamento el respaldo de Elkarrekin Podemos-IU, también representado en el Ejecutivo español.

Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno español con una apuesta por reducir la judicialización con las comunidades autónomas, y en particular con la vasca, tal y como se contempla en el acuerdo de investidura con el PNV. En su mandato, se han retirado recursos como el que afectaba a la ley vasca que busca reparar los abusos policiales, o también la normativa sobre centros comerciales. No se retiró, por el contrario, el recurso contra la Ley de Policía vasca, que supuso la caída del mecanismo previsto por la comunidad autónoma para estabilizar a los trabajadores interinos. También surgió un conflicto por la normativa estatal sobre la administración electrónica y los métodos de contraseña.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, confirmó la interposición de este recurso en la reunión del Consejo de Ministros del martes. La consejería de Olatz Garamendi ha defendido estos meses la erosión silenciosa del autogobierno a través de leyes básicas y recursos.