Los diputados vascos de Unidas Podemos han registrado este jueves, en los juzgados de Vitoria-Gasteiz, una denuncia en la que solicitan que se investigue la posible responsabilidad de Rodolfo Martín Villa en la matanza del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, al considerar que con sus declaraciones de este pasado lunes en torno a este asunto, el exministro "se autoinculpó" por estos hechos, en los que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.
En su denuncia, los diputados Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde aluden a las afirmaciones efectuadas este pasado lunes por el exministro del Interior en una intervención pública, en la que se refirió a sus posibles implicaciones en relación a esta matanza y a otras vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la década de 1970
"Yo pude ser el responsable político y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan de aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático", manifestó Martín Villa.
Los diputados vascos de Unidas Podemos, que han registrado esta denuncia en el juzgado de guardia de la capital alavesa, consideran que aunque Martín Villa realizara tales afirmaciones en tono de "ironía" o de "mofa" hacia las víctimas, "dijo cosas que entendemos que deben investigarse".
"Creo que se le calentó la boca y que, probablemente desde una cierta sensación de impunidad, de que esto ya era agua pasada, pensó que podría decir esas cosas", ha explicado López de Uralde en declaraciones a los medios de comunicación. "Efectivamente, había ese cierto tono irónico; pero, no obstante, a veces cuando la boca se calienta, se dicen las verdades", ha añadido.
En este sentido, en la denuncia se indica que las declaraciones efectuadas por el exministro "deben ser aclaradas en sede judicial", puesto que afectan a "hechos muy graves" respecto a los cuales las víctimas "siguen reclamando su derecho a la verdad y a la reparación".
"CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD"
Además, se añade que tales hechos son "indiciariamente constitutivos de crímenes de lesa humanidad", pese a lo cual --según se recuerda en la denuncia-- todas las investigaciones judiciales abiertas en el Estado en torno a esta matanza han sido archivadas.
En todo caso, y en referencia a la causa argentina en relación a estos hechos y otros presuntos crímenes de lesa humanidad del régimen franquista, los diputados vascos de Unidas Podemos recuerdan en la denuncia que, aunque la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina decidió el pasado mes de diciembre revocar el procesamiento de Martín Villa, el proceso por estos hechos que se instruye en el país sudamericano aún sigue abierto.
De esa forma, a la hora de registrar esta denuncia en un juzgado vitoriano, apelan al "principio de territorialidad", dado que la matanza del 3 de marzo de 1976 --en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una movilización laboral-- se produjeron en la capital alavesa.
En todo caso, los representantes de Unidas Podemos recuerdan en el escrito registrado en el juzgado que "nada impide la concurrencia de jurisdicciones para la averiguación de los hechos".
En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, López de Uralde ha subrayado que "las palabras de autoinculpación" de Martín Villa "asumiendo la responsabilidad penal y política" de lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 han de ser investigadas por la Justicia.
"NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA"
Garrido, por su parte, ha advertido de que las palabras del exministro "no pueden quedar sin respuesta", dado que de lo contrario quedaría en evidencia "la impunidad que parece que existe en este país con algunos delitos muy graves".
A su vez, Uriarte ha subrayado que, a raíz de lo afirmado por Martín Villa, los tribunales de Justicia han de determinar "hasta dónde llega la responsabilidad penal" del exministro.
